Insensatos

Eso es lo que se escenificó en el pleno del Congreso del jueves, del que salieron camino del Senado (se vota el día 22, si no lo evita antes el TC) las «arriesgadas» decisiones de Sánchez: borrado de la sedición, tuneado de la malversación, cambio sobrevenido de las reglas de juego en el CGPJ y el TC, etc., todo ello previamente concertado con los socios y aliados de Sánchez, a mayor gloria de su continuidad en el poder.

Al servicio de esa causa, la matemática parlamentaria se impuso por 184 síes frente a 64 noes (los diputados del PP y de Ciudadanos no participaron en la votación) en la heterogénea y controvertida proposición de ley apadrinada por los dos partidos de la coalición de Gobierno (PSOE y UP). Ninguna sorpresa en ese sentido. Pero los recursos de amparo presentados por el PP y Vox ante el TC, por supuesta violación de derechos fundamentales de los diputados, recalentaron la jornada en un intento de paralizar la tramitación de las enmiendas a distintas leyes orgánicas (Código Penal, TC y Poder Judicial, básicamente).

El intento ha quedado en al aire porque el pleno del tribunal de garantías quedó aplazado hasta el lunes de viene, aunque el aplazamiento no impidió un bochornoso intercambio de pedradas entre una y otro bando político. Más allá de cuál de ellos lleva la razón, una cosa está clara: los dos han decidido seguir en la lógica del enfrentamiento.

En otras palabras: tanto el PSOE y sus aliados como el conjunto de fuerzas a su derecha han renunciado a la lógica del consenso. El obstruccionismo en la renovación del CGPJ ha sido utilizado por el PP como una palanca desestabilizadora del Gobierno de Sánchez. Sobre ese pecado original del PP se han acumulado los pecados sobrevenidos de Sánchez, como cambiar las reglas del juego en medio del partido y de reclamar de los enemigos del Estado la complicidad de no encontró, o no quiso encontrar, en el pilar derecho de la centralidad.

El resultado es que, a partir de ahora, será más barato desafiar al Estado por parte de sus objetores. La sedición de antes se convierte en «desordenes públicos agravados». Y, en cuanto al uso de dinero público, meter la mano en la caja estará menos castigado siempre que no haya lucro personal.

En ese punto hay millones de españoles se preguntan por qué ha de ser de mejor condición robar al Estado para tumbar al Estado que robar al Estado para enriquecerse personalmente.