El doble rasero con la justicia
La realidad es que la Justicia es un arma arrojadiza entre políticos. Es la piedra para lanzarse a la cabeza cuando les conviene, pero a la que nadie le quiere meter mano para solucionar sus problemas
Conmoción generalizada en el mundo de la Justicia porque los magistrados del Tribunal Constitucional, velando porque se cumpla las garantías de la norma suprema, han echado para atrás el intento de Pedro Sánchez y los suyos de querer imponer por la puerta trasera su modelo de elección de los magistrados del Constitucional y del Supremo. Parece que lo realizado por el Constitucional ha sido casi un golpe de Estado, declaraciones de presidentes de Cámara con gesto compungidos y hablando de acatar la decisión, pero de que no la comparten –como casi el cincuenta por ciento de quienes llevan alguna disputa a la decisión de un Juzgado o Tribunal– cuando la realidad es que lo único que han hecho es aplicar la Constitución y ser garantes de nuestros Derechos Fundamentales.
Desde el Gobierno hablan de la radicalización de nuestra democracia, de la soberanía popular, del hecho de que por los jueces se esté faltando a su deber, que no es otro que el de aplicar las normas y eso han hecho, de jueces al servicio de intereses políticos, quizás alguno ya no se acuerdan de ciertas piezas judiciales que se archivaron por una juez que las dejo morir. El Ejecutivo soltando soflamas al más puro estilo chavista en defensa de la Justicia.
Y, mientras que esto ocurre en Madrid, aquí en Cádiz seguimos con los Juzgados de Primera Instancia sin saber donde se encuentran o a donde dirigirnos los profesionales, los Juzgados de Instrucción metidos con calzador en el estadio, anteriormente llamado Carranza, y los señalamientos y actuaciones de esos juzgados suspendidas y sin fecha para que se lleven a cabo.
Eso sí que es un ataque directo a la soberanía del pueblo. Un ataque con consecuencias inimaginables. Padres y madres sin saber si podrán ver a sus hijos estas Navidades porque aún no se han resuelto sus divorcios ni se han aprobado los convenios reguladores, por poner un ejemplo. Asuntos penales en los que la instrucción de los procedimientos se encuentra en el aire porque no se pueden realizar las actuaciones de investigación para darle traslado al Juzgado de lo Penal y celebrar juicio. Si hace unos meses decía que esto no podía ir a peor en la Justicia, me equivoqué. Sí, sí podía ir a peor y a las pruebas me remito.
La cuestión es que el ciudadano de a pie no es consciente, de momento, de la realidad de lo que estamos viviendo en Cádiz, de la deficiente administración de Justicia que estamos teniendo porque nuestros políticos no han sido capaz de ponerse de acuerdo en el pasado y buscarle una solución a un problema que, a gritos, veníamos anunciando los profesionales del Derecho.
La realidad es que la Justicia es un arma arrojadiza entre políticos. Es la piedra para lanzarse a la cabeza cuando les conviene, pero a la que nadie le quiere meter mano para solucionar sus problemas y que no son pocos. Como en el caso de Santa Bárbara, solo se acuerdan de la Justicia cuando truena, pero el resto de los días no quieren ni verla porque es la única que les puede pintar la cara a los que juegan a la política por su propio ego y enriquecimiento personal.
Y mientras que en Madrid se rasgan las vestiduras por la defensa de la Justicia, en otros lugares nos encontramos con situaciones que no se producen ni en las repúblicas bananeras y que, por desgracia, me da que en nuestra ciudad se va a prolongar en el 2023.
