Los PGE y el nocivo cálculo electoral

El Gobierno entregó ayer al Congreso el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 sin contar, por el momento, con los apoyos necesarios para asegurar su aprobación, de modo que la renovación de las cuentas públicas dependerá, en última instancia, del cálculo electoralista que lleven a cabo los partidos de la oposición, y en concreto PNV y PSOE, para brindar o no sus votos, tras el visto bueno de Ciudadanos. Resulta lamentable que la ley más importante del ejercicio dependa de los arbitrarios y particulares intereses partidistas, en lugar de abrir un debate serio acerca del contenido presupuestario con el fin de alcanzar un acuerdo que beneficie al interés general, sobre todo en un momento como el actual, donde, más allá de la cuestión económica y fiscal, España necesita estabilidad política e institucional para afrontar la grave amenaza del golpismo catalán.

El PNV, a diferencia del apoyo que prestó a los anteriores Presupuestos, se mantiene enrocado en rechazar este proyecto bajo la excusa de que el artículo 155 sigue vigente en Cataluña, lo cual constituye un chantaje inaceptable, además de un nuevo ejemplo de cinismo, marca habitual del nacionalismo vasco. La negociación presupuestaria no se puede supeditar al cumplimiento de la ley ni del Estado de Derecho. La activación del artículo 155 y su mantenimiento es responsabilidad exclusiva del independentismo catalán. Igual de reprochable es la actitud del PSOE, incapaz de sentarse a negociar el contenido de los Presupuestos por el miedo a perder votos, pese a que su declive electoral viene de lejos y nada tiene que ver con la aprobación de estas cuentas. El pretexto, en esta ocasión, es el escaso aumento del gasto público, lo cual no tiene sentido, puesto que el gasto social sube hasta los 197.000 millones de euros, tras crecer un 2,8%, hasta representar el 56% del presupuesto total.

El Gobierno ha presentado unas cuentas expansivas centradas en devolver parte del esfuerzo que ha realizado la sociedad española durante la crisis mediante un aumento de las pensiones más bajas de hasta el 3%, una subida salarial a los empleados públicos de hasta el 1,95 y una rebaja fiscal a las rentas de menos de 18.000 euros al año, entre otras deducciones y guiños políticos de cara a las elecciones autonómicas y locales del próximo año. En total, la aprobación de los PGE beneficiaría de forma directa a cerca de trece millones de personas gracias al impulso de la recuperación económica. La revisión al alza del PIB, con un avance previsto del 2,7% este año, y la intensa creación de empleo, con 475.000 nuevos puestos, permitirán registrar una recaudación fiscal récord, pudiendo así aumentar el gasto, al tiempo que se cumple el objetivo de déficit, si bien hay que extremar la vigilancia para no cometer excesos. Sin embargo, todo ello sigue a expensas del nocivo cálculo partidista.