Terrorismo callejero, no desorden

La investigación sobre las tramas responsables de la violencia callejera desatada en Cataluña tras la sentencia del 1-O revela que se trató de algo mucho más grave que un problema de orden público. Se equivocó el ministro del Interior, Grande-Marlaska, porque ni el problema era de orden público, como dijo, ni nadie en su sano juicio lo veía así. Los investigadores policiales están sacando a la luz una auténtica organización criminal dedicada a la planificación, financiación y ejecución de puro terrorismo urbano. Como hoy informa ABC, la Policía ha constatado la integración de «agentes durmientes», la realización de labores de información sobre posibles objetivos, la instrucción de militantes de Arran y los CDR en ataques con materiales caseros, la posesión de dispositivos para establecer comunicaciones seguras y la existencia de «vigilantes» al servicio de esas entidades separatistas. También tiene datos sobre pagos y movimientos económicos y ha incautado material muy significativo, como bolas de plomo, similares a las que fueron empleadas por los manifestantes contra Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra.

El Código Penal define el delito de terrorismo como todo acto de violencia que persigue, entre otros fines, alterar la paz pública. Con los datos que tiene la Policía en su poder, la Fiscalía está en condiciones de imputar a los detenidos en Cataluña un delito de terrorismo urbano, porque emplearon una violencia desmedida para quebrar la convivencia y la paz pública y lo hicieron como miembros de una organización criminal, en el sentido exigido por el Código Penal y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es imprescindible que la violencia en Cataluña sea tratada como terrorismo, por la sencilla razón de que es lo que prevé la ley. Se trata, por tanto, de aplicar el principio de legalidad, aunque contradiga el discurso inverosímil de Grande-Marlaska.

Por más que la aparición de la Audiencia Nacional en escena sea un contrapunto inesperado, pero letal, para la estrategia blanda de Sánchez en Cataluña, resulta inevitable porque ha habido terrorismo urbano en las ciudades catalanas. Y no sólo esto. Tanto la Generalitat como los partidos nacionalistas se han comportado como cómplices de esa violencia, lo que en el caso del presidente Torra llega incluso a la inducción. Ni una línea del panfleto separatista firmado por ERC, JpC y la CUP condena la violencia. Por si fuera poco, Torra reclama responsabilidades de los Mossos d’Esquadra, comportándose como un CDR infiltrado en el Gobierno autonómico. El separatismo ha pasado de quemar las calles a sublevar de nuevo el Parlamento catalán, como fases de un mismo proceso que debe encontrar en el Código Penal, el artículo 155 de la Constitución y en la ley de Partidos Políticos la respuesta urgente y contundente que precisa el Estado de Derecho para sobreponerse al ataque nacionalista.