El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar
El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar - EFE
EDITORIAL ABC

Sucesión continuista en la Fiscalía

Julián Sánchez Melgar es un magistrado de talante conservador y moderado, con amplísima experiencia en la justicia penal y en la gestión de Audiencias Provinciales

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La decisión del Gobierno de proponer al magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado, supone la reafirmación de un perfil jurídico similar al del fallecido José Manuel Maza que garantiza una actuación continuista al frente del Ministerio Público. Sánchez Melgar es un magistrado de talante conservador y moderado, con amplísima experiencia en la justicia penal y en la gestión de Audiencias Provinciales, pero de perfil público prácticamente nulo. Pero eso no tiene por qué ser necesariamente un hándicap para realizar su labor con rigor y vocación de servicio público. Ingresó en el Alto Tribunal en el año 2000, y durante su ejecutoria ha compartido en numerosas ocasiones el criterio jurídico de muchos otros magistrados considerados progresistas, y avalados en su día por vocales del CGPJ afines al PSOE, a la hora de dictar sentencias. Goza de enorme prestigio dentro de la Sala Penal y su perfil jurídico técnico es irreprochable. Sin embargo, accede a un cargo con evidentes reminiscencias políticas y desde ahora tendrá que someterse a un escrutinio público y a las ofensivas de la oposición, porque desde que sea nombrado formará parte del juego político de desgaste al Gobierno. Eso Sánchez Melgar lo llevará en el sueldo, pero sin duda, y aun no siendo fiscal de carrera, se trata de un perfil que se adapta a los desafíos que tiene por delante la carrera fiscal. Y en especial, al reto de garantizar la legalidad y las acusaciones basadas en estrictos criterios de justicia e imparcialidad contra quienes han tratado de dar un golpe de estado secesionista en Cataluña. Poco van a cambiar en ese sentido las directrices establecidas en los últimos meses por José Manuel Maza, entre otros motivos porque la comisión de delitos por los responsables de la Generalitat y de buena parte de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán parecen fuera de toda duda.

Lamentablemente, no tardarán en aparecer iniciativas políticas contrarias al nombramiento de Sánchez Melgar, del mismo modo que en su día se impulsó en el Congreso la reprobación de Maza, o se lanzaron falsas acusaciones de que el fiscal general fallecido había pertenecido a la extrema derecha. En ocasiones, la incapacidad de la oposición por distinguir entre el sentido de Estado y el juego irresponsable de la demagogia populista conduce a poner en entredicho, de modo sistemático, todas las instituciones. Es la costumbre y sin duda Sánchez Melgar vivirá episodios similares. No obstante, ello no debe apartarle de su complejo deber como garante de la legalidad en España de hacer cumplir la ley, sea quien sea y del partido que sea, quien merezca un reproche penal. El inesperado fallecimiento de Maza obligaba a una sucesión continuista porque los réditos que su labor estaba dando a la Fiscalía eran evidentes.