Sánchez asalta la Fiscalía

El nombramiento de Dolores Delgado como próxima fiscal general del Estado es una declaración de intenciones por parte de Sánchez. Delgado quedó descalificada tras la aparición de las grabaciones del comisario Villarejo en las que la exministra de Justicia realizaba comentarios impropios de quien entonces era fiscal en la Audiencia Nacional. Si quedan más grabaciones, Delgado se expone a un conflicto de intereses insuperable. Además, de su mandato no ha quedado nada relevante en la reforma de la justicia, ni en la renovación de las instituciones judiciales, como el CGPJ. Para los fiscales, el nombramiento de Delgado es una falta de respeto, pero un aviso también, porque les han endosado como máxima autoridad a una persona descartada para seguir en el Ministerio de Justicia por su falta de nivel político. Sin embargo, en estas carencias puede hallarse la explicación de un nombramiento destinado a servir de «toga manchada con barro» en el proyecto de desjudicialización del conflicto separatista. Sin prestigio que proteger y sin expectativas de retomar una carrera fiscal respetable, Delgado representa el modelo de temeridad que Sánchez necesita para apoyar indultos a los condenados por la Sala Segunda del TS; o respaldar sus recursos ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; o no impugnar los permisos penitenciarios que las autoridades catalanas concedan, por ejemplo, a Oriol Junqueras; o poner pegas a las euroórdenes contra Puigdemont y el resto de prófugos, todavía pendientes, además, de ser acusados por el Ministerio Fiscal.

También para el PP este nombramiento es una provocación, porque quedan pendientes casos de corrupción con excargos implicados y la nueva fiscal no garantiza la imparcialidad que le exige la Constitución. Como fiscal general, Delgado tiene la autoridad máxima para imponer cambios de criterio a sus subordinados. Es cierto que existen contrapesos internos en la Fiscalía, como la Juntas de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal, pero solo pueden censurar o criticar las decisiones del fiscal general. Recuérdese la «limpieza ideológica» que perpetró impunemente Conde-Pumpido contra fiscales como Fungairiño o Torres-Dulce. El escándalo entre jueces y fiscales, salvo los integrados en las asociaciones de izquierda, está justificado, porque hay nombramientos que, por sus rasgos obscenos, sólo pueden responder a muy concretos designios. Sería conveniente conocer la opinión del nuevo ministro de Justicia, porque su responsabilidad no será ajena a las consecuencias de las decisiones que tome la nueva fiscal, que tristemente recuerda etapas de la peor sumisión de esta institución a los intereses del PSOE. Sánchez sabe que el Estado de Derecho es un problema para sus compromisos con los separatistas y necesita un ariete para debilitarlo.