Pujol, mejor en Suiza que en Cataluña

Un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) eleva a 290 millones de euros la fortuna colocada por la familia Pujol Ferrusola en el extranjero. El documento policial no duda en calificar como «crimen organizado» la trama familiar del expresidente de la Generalitat, lo que resultaría coherente con su metódica generación de fondos aparentemente ilícitos y su camuflaje en sociedades y bancos extranjeros. Las informaciones son valoraciones policiales que deben ser analizadas por el juez central de instrucción que dirige las investigaciones. Por tanto, no deben considerarse aún pruebas judiciales, sino indicios con los que trabaja la UDEF. Sin embargo, la opinión de los investigadores no debe estar mal enfocada porque las autoridades suizas informaron hace unos días de que habían hallado otros 18 millones de euros a nombre de los Pujol. Y estos son datos oficiales refrendados por un gobierno en respuesta a las peticiones de información remitidas desde España.

El caso Pujol es el retrato de una etapa de Cataluña dominada por clanes familiares, leyes de silencio y corrupción pandémica. También es el desmentido más rotundo que podrían recibir los voceros independentistas que prometen transparencia y bienestar en una Cataluña independiente. En ningún caso los Pujol podrían haber amasado semejante fortuna si no hubieran contado con la ceguera voluntaria y la complicidad activa de quienes los rodeaban y adulaban. Quien fuera mito nacionalista recibía la absolución social a cambio de su liderazgo mesiánico. Sería ingenuo negar la relación entre la campaña independentista en Cataluña y la irrupción de la justicia en los pliegues más oscuro de sus élites burguesas, encarnadas en Félix Millet y Jordi Pujol. A la corrupción le ha seguido la independencia como a la causa le sigue el efecto.

Conviene que el caso Pujol inicie su camino al juicio oral. Es un caso complejo y ramificado, pero hay que evitar que se empantane. El plazo de la investigación judicial finaliza el 23 de septiembre y, a partir de esa fecha, el juez De la Mata tendrá que decidir si archiva el caso o pone a los Pujol rumbo al banquillo de los acusados, siempre que la Fiscalía presente acusación contra ellos. Lo que no sería aceptable es que este caso de corrupción acumule más y más capítulos hasta hacerse inmanejable. Si es posible fraccionarlo en varios juicios, como permite la ley de Enjuiciamiento Criminal desde 2015, para que avance más rápidamente, el juez debería valorar esa opción. A Cataluña le vendrá bien revisitar su etapa pujolista desde un tribunal de justicia, como le ha venido bien saber, desde la Sala Segunda del Tribunal Supremo, qué pasa cuando se atacan el Estado y la Constitución.