¿Puede decir lo que quiera?
En una democracia de solera la amenaza de Torra activaría el 155
Tal vez –o tal vez no– a Donald Trump le encantaría gozar de un poder absoluto y despótico, al estilo de caudillos fuertes como Xi, Erdogan y Putin. Pero a finales del siglo XVIII, el genio de los padres constituyentes de EE.UU. diseñó un extraordinario mecanismo de contrapesos, que admiró al pensador francés Tocqueville en su visita y que todavía hoy blinda a la República frente a toda tentación tiránica. Trump es un personaje atrabiliario y antiguo, un presidente analógico. Mira al mundo digital con ojos del siglo XX y no sabe interpretar los nuevos retos, por lo que va dando palos de ciego impulsivos e histriónicos. Pero nunca supondrá un problema del calibre de los déspotas chino, ruso y turco, porque está limitado por un formidable edificio constitucional, que de entrada le impide pernoctar más de ocho años en La Casa Blanca y cercenar la libertad de prensa.
Nicola Sturgeon es tan separatista como Torra. Pero por supuesto no se le ocurriría pregonar la insumisión contra la Unión. La mandataria escocesa, obsesionada con la independencia, trabaja sin descanso para crear el clima que la haga posible (a pesar de que en el referéndum de 2014 los nacionalistas aseguraron que el resultado zanjaría el debate «para una generación»). Sin embargo, Sturgeon jamás dará un paso que vulnere la legalidad británica. Eso es impensable allí. Todo el mundo asume que en un Estado de Derecho no hay más senda que la de las normas.
Estados Unidos y el Reino Unido, dos democracias de enorme solera, se respetan y respetan las leyes que sus ciudadanos se han dado. ¿Qué ocurre en España? Pues que Sánchez, un oportunista sin principios, y los comunistas antisistema están dispuestos a erosionarlas si conviene a sus intereses partidarios. El presidente separatista catalán ha llamado a «atacar al Estado». La vicepresidenta Calvo y muchos ciudadanos de buena fe han acogido su soflama con una tolerancia suicida: mientras sea de palabra, dicen, Torra tiene derecho a decir lo que quiera. Tal aserto es falso, porque se trata del mandatario de una Comunidad Autónoma, cargo que conlleva obligaciones. Según nuestro modelo constitucional, Torra, como presidente catalán, es el máximo representante del Estado en Cataluña. ¿Puede llamar a atacar al Estado quien por ley está obligado a representarlo y defenderlo? Evidentemente no. Del mismo modo que sería inadmisible que el Rey espolease la vulneración de la Constitución, o que Sánchez postulase la clausura del Congreso, o que el ministro del Interior animase a los ciudadanos a atracar bancos. En cualquier país sólido, la apología de acciones contra el Estado por parte de Torra supondría su inmediato apartamiento, pues es obvio que quien así actúa está incapacitado para su cargo. Pero en el PSOE de Sánchez todo se traga con tal de que el egotista no votado pueda morar un día más en La Moncloa. Lo urgente es Franco.
Casado y Rivera deberían solicitar el 155, sin más remilgo ni demora, pues como dijo Maquiavelo, quien tolera el desorden para evitar la guerra tendrá primero desorden y después, guerra.
