El PSOE secuestra al Congreso

La reunión ayer de la Mesa del Congreso volvió a poner de manifiesto la absoluta parálisis en que Pedro Sánchez y Meritxell Batet han decidido instalar a la Cámara Baja. Casi han transcurrido tres meses desde las elecciones y la posterior constitución del Congreso y, más allá del bloqueo para la investidura del líder socialista, la institución sigue sin actividad básica. Se acumulan algunas peticiones de comparecencia de ministros en funciones sin respuesta por parte del Ejecutivo, no se constituyen ni convocan las preceptivas comisiones parlamentarias, no se celebran sesiones de control, y Sánchez ha decidido no dar una sola explicación pública sobre el resultado de dos citas del Consejo Europeo, pese a que está obligado a ello. En cierto modo, el Congreso se ha convertido en el cortijo del PSOE. Más allá de este desprecio genérico al ciudadano manteniendo a los diputados con vacaciones forzadas, lo más grave es que Sánchez siga contradiciéndose a sí mismo con tanto desparpajo. Fue el PSOE quien en 2016 impugnó ante el TC la decisión de Rajoy de no comparecer en las sesiones de control mientras fuese presidente del Gobierno en funciones, y ahora, tras ganar ese recurso y hallarse en idénticas circunstancias, Sánchez calla e incurre exactamente en la misma conducta que reprochaba al líder del PP. El fallo del Constitucional fue taxativo al respecto, porque la situación de provisionalidad de un jefe del Ejecutivo no puede implicar en ningún caso que su labor deje de estar fiscalizada por la soberanía popular.

Sánchez puede no tener toda la culpa -aunque tiene bastante- por no lograr los votos necesarios para ser investido. Su tacticismo es evidente, y su pasividad e indolencia son totalmente premeditadas. Sin embargo, sí tiene toda la culpa de que el Congreso no funcione ni siquiera bajo mínimos, hurtando a la oposición la capacidad de supervisar la acción del Gobierno y de denunciar sus abusos. Eso sí, aún sin una actividad normalizada, los 350 diputados cobran religiosamente el sueldo público al que tienen derecho. Llama la atención que, en buena lógica, todo el foco mediático se dirija hacia las dificultades de Sánchez por arbolar una investidura solvente que le garantice una gobernabilidad duradera. Pero no por ello puede dejar de denunciarse la gravedad que tiene silenciar al Parlamento y apropiarse de él para hacer un uso partidista de las funciones que le atribuye la Constitución. Y menos aún, con una sentencia reciente, y dictada con toda la lógica de una democracia responsable, que deja muy claro que el margen de actuación de un Gobierno en funciones no es ni mucho menos absoluto, y que el poder ejecutivo debe someterse al legislativo en todo lo que esté legalmente previsto. Sánchez ha hecho ya méritos sobrados para ganar el premio de oportunista del año en nuestra deteriorada política.