Manuel Marín
Preguntas sin respuesta
Cuando en las próximas horas pueda observarse lo ocurrido durante toda la jornada de hoy con un mínimo de frialdad, será evidente que el referéndum ilegal no ha sido más que un intento irresponsable de enfrentar civilmente a la mitad de Cataluña con la otra mitad, y con el resto de España
Cuando en las próximas horas pueda observarse lo ocurrido durante toda la jornada de hoy con un mínimo de frialdad, será evidente que el referéndum ilegal no ha sido más que un intento irresponsable de enfrentar civilmente a la mitad de Cataluña con la otra mitad, y con el resto de España. Encubrir una ilegalidad manifiesta con la coartada emocional de la falta de libertad y con la perversión de la democracia y el ejercicio cercenado de derechos es sencillamente mentir. Carles Puigdemont ha empujado a Cataluña a un abismo sentimental, social, político, económico y cultural inédito desde 1934, y el coste será descomunal.
Es cierto que la consulta era ilegal. También lo es que no había unas mínimas garantías. No había censo, ni Sindicatura electoral, ni mesas legalmente constituidas, ni sobres oficiales, ni papeletas formales, ni interventores, ni cobertura informática, ni sistemas de control contra el doble o el triple voto… Nada era real, salvo la amenaza al Estado de Derecho. Objetivamente, la imagen de las cargas policiales ante la delictiva indolencia de los Mossos resulta desasosegante. Pero era imprescindible si de lo que se trataba era de empujar a todo un pueblo contra la ley . Desde la frialdad, no conviene dramatizar. No hubo una rebelión masiva de siete millones de catalanes contra unas fuerzas de seguridad represoras. En unos colegios, hubo uso de una fuerza legítima y proporcional para impedir una burla flagrante de la legalidad, y en otros hubo una permisividad incomprensible. Pero pasó el trago… A las tres de la tarde media España, incluida media Barcelona, solo hablaba de fútbol. Extraña irresponsabilidad sobre la que todos deberíamos reflexionar.
En cualquier caso, la jornada deja preguntas relevantes sin respuesta. La primera es si cuarenta años después España debe dar por culminado y superado el Estado de las autonomías tal y como lo hemos conocido. Con lo ocurrido hoy, España se ha hecho daño a sí misma. El debate sobre la conveniencia real de una reforma constitucional difícilmente va a ser evitable en los próximos años. Ayer no hubo un enfrentamiento civil, sino un cruce de odios. Media Cataluña odia a España y media España no quiere a Cataluña como merecería. La desconexión emocional es evidente, razones jurídicas, políticas o económicas al margen. Negar la evidencia carece de sentido y perpetuar un odio generacional sin pactar soluciones abocará a un conflicto eterno sin resolución.
Sin embargo, España no puede avergonzarse de sí misma. España es una democracia sólida y madura. La inmensa mayoría de los españoles aboga por la unidad nacional, y eso es lo que no respeta la falta democracia excluyente en la que el independentismo ha convertido a Cataluña. Por eso, surge otra pregunta sin respuesta. ¿Habrá declaración unilateral de independencia? Poca duda cabe de que llegados a este extremo de enfrentamiento, la Generalitat y la mayoría separatista del Parlamento catalán no lo rehuirán. Buscarán llevar su victimismo hasta el extremo de convertirse en mártires si finalmente la Justicia accede a detener a los responsables de la auténtica rebelión vivida en las últimas horas. Pero lo cierto es que esa declaración unilateral aún no tiene ni culpables ni réplica. Será cuestión de horas conocer la determinación real del Estado por detener a quienes se declaren en abierta sedición.
Tampoco hay respuesta de momento al momento en que sea procedente aplicar el artículo 155 de la Constitución . Pero no es preciso tener profundos criterios de constitucionalismo democrático para intuir que si después de lo ocurrido en las últimas horas no hay motivo jurídico que aboque a su aplicación, difícilmente lo habrá en el futuro. El Gobierno catalán y el Parlament se han deslegitimado a sí mismos y la intervención de funciones ejecutivas del Gobierno catalán parece imprescindible para garantizar la legalidad en Cataluña.
Con todo, la pregunta sin respuesta más preocupante es cuántas generaciones de catalanes serán necesarias para que el odio incubado contra España desde la infancia pueda ser erradicado. Cuánto tiempo hará falta para que toda una generación de jóvenes catalanes no perciba a España como el enemigo en una guerra . Cuánto tiempo hará falta para que sepa que no, que España no le ha robado. Y que España le quiere como parte de sí misma. No se trata de ofrecer falsos argumentos enternecedores para una relación imposible. Se trata de erradicar la mentira como arma para sustentar un odio que lleva a Cataluña a su destrucción.
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