El precio de la investidura

La negociación de apoyos independentistas a la investidura de Pedro Sánchez se ha convertido en una constante falta de respeto al papel esencial que la Constitución asigna al Jefe del Estado para proponer un candidato a la Presidencia del Congreso de los Diputados. El artículo 99 de la Constitución prevé que el Rey proponga un candidato «previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria». La finalidad de esta ronda de audiencias es permitir al titular de la Corona saber qué líder cuenta con los apoyos suficientes para lograr la investidura en primera o segunda votación. Si la investidura de Pedro Sánchez precisa los apoyos de Esquerra Republicana de Cataluña y esta formación se niega a acudir al Palacio de la Zarzuela para transmitir su posición al Jefe del Estado, el Rey no tendrá ese conocimiento institucional y personal de los apoyos al candidato socialista.

Esta indeseable situación se debe única y exclusivamente al procedimiento paralelo de investidura que apadrina el PSOE con los partidos separatistas de Cataluña, con el que subsana el desplante de estas formaciones al Jefe del Estado y reduce su intervención institucional a un relleno burocrático ignorado en la mesa de negociaciones de los socialistas con los golpistas. La consecuencia de esta forma de actuar es la implantación de una política fuera de la Constitución de 1978, de la mano del PSOE, ya instalado definitivamente en la deslealtad contra la norma constitucional. La dirección socialista ha puesto un punto final a la convergencia de izquierda y derecha en las convenciones constitucionales que desde 1978 han garantizado la vigencia de la Constitución. La legitimación de golpistas y separatistas que rehúyen del Rey porque este representa el Estado es una deuda que el PSOE contrae con los españoles.

Por si fuera poca cosa desvirtuar el papel de Su Majestad el Rey en el procedimiento de proposición de candidato a la Presidencia del Gobierno, el PSOE admitió ayer que en la mesa de negociación con los separatistas de ERC había avances «en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña». Esta frase resume toda la deslealtad imaginable del PSOE hacia el interés nacional de España, porque admite la existencia de un «conflicto político» en Cataluña y porque acepta «instrumentos» que, obviamente, no son el respeto a la Constitución, la aplicación de la ley, el cumplimiento de las sentencias judiciales ni la convivencia entre catalanes. No, esos «instrumentos» serán los necesarios para que los separatistas se muestren satisfechos con el pacto con el PSOE. Y nunca lo que satisface a un separatista es bueno para España.