Pasacalles victimista a domicilio

Coincidiendo con el juicio contra los cabecillas del golpe separatista, el independentismo catalán trasladó ayer a Madrid la que ha sido una de sus más conocidas señas de identidad, la movilización callejera, articulada de forma recurrente en Barcelona como expresión de una supuesta «mayoría social» y desplazada a la capital de España para proyectar a la opinión pública internacional su rechazo a un Estado de Derecho que considera represor y que, sin embargo, le cede las calles para que escenifique sin cortapisas su enésima pataleta contra las libertades de todos. El escrupuloso desarrollo del juicio que, con todas las garantías jurídicas y procesales, dirige Manuel Marchena en el Supremo ha dejado sin argumentos al separatismo, que no ceja en su empeño en hacer desfilar su victimismo, ya sea por la Diagonal o la Castellana. Con un largo historial de incumplimientos legales, cuando no de golpes al ordenamiento jurídico, autonómico o estatal, el nacionalismo se sitúa una vez más frente a la ley que garantiza las libertades de todos los españoles, obstáculo que comparten con los grupos antisistema y de izquierda extrema que ayer se sumaron a la marcha encabezada por los dirigentes de la Generalitat. Su objetivo es el mismo.

A costa de los propios madrileños, cuya movilidad se vio seriamente afectada por la marcha independentista, la Delegación del Gobierno actuó como rendida anfitriona de una manifestación a la que, llave en mano, cedió las calles y los aparcamientos. El colapso circulatorio fue el precio a pagar por la foto que Quim Torra se llevó ayer de Madrid, enésima exhibición callejera de su frente nacionalista. Es en los tribunales, sin embargo, donde tienen que defenderse, y es al Congreso donde han de llevar sus iniciativas de ruptura. Son libres para hacerlo, o para seguir instalados en unas calles que no son suyas, sino de todos.