Menores, inmigrantes y sin norte

El asalto frustrado del centro del Masnou (Barcelona) puso de manifiesto hace ahora diez días la hondura de la brecha cívica y social que ha provocado el incremento del número de inmigrantes menores de edad que albergan y tutelan las distintas administraciones españolas. En apenas dos años, el número de los denominados «menas» se ha triplicado, al pasar de los 3.997 registrados en 2016 a los 12.303 con que se cerró el ejercicio anterior, cifras cuyo aumento no ha ido acompañado de la necesaria gestión de un problema que crece en progresión geométrica, con derivas penales e incidentes de la gravedad de los del Masnou. Procedentes en su mayoría de Marruecos, cuyo Gobierno rechaza cualquier intento de repatriación, estos menores son carne de cañón para las mafias de la prostitución y la droga, como antes lo fueron de los traficantes que se lucran con el éxodo humano que cruza el Estrecho. Sin planes reales de integración social, en manos de unas comunidades autónomas que no aceptan su reparto solidario y con la impunidad que les proporciona su edad, los menores inmigrantes no tienen mejor escuela que la de la calle para preparar una carrera cuya meta no es otra que la delincuencia. La crisis ya ha estallado en las áreas geográficas que, como Cataluña, concentran el mayor número de estos «menas», pero lo peor está por venir, cuando la mayoría de edad los deje sin tan siquiera un refugio con el que tapar su desamparo social.

La consideración de víctimas que merecen estos menores, forzados a abandonar sus países de origen, a menudo empujados por sus propias familias, y más tarde abandonados a su suerte por la Administración española, no puede ocultar su potencial para provocar unos incidentes que van en aumento y de los que son responsables últimos quienes están obligados a ejercer sobre ellos una tutela integral y efectiva. El Estado, representado en este caso por las autonomías a las que compete la formación y el cuidado de estos inmigrantes, no puede verse desbordado por una situación a la que hasta ahora solo ha aplicado grandes dosis de buenismo y pasividad, que son las mejores herramientas para agravar, en esta y otras cuestiones públicas, los problemas. Campar a sus anchas, delinquir de forma sistemática ante la incapacidad de la Policía para detenerlos y sumar años para liberarse del corsé de la Administración no es precisamente el mejor plan que un país desarrollado como España puede ofrecer a estos «menas». Ni lo merecen estos jóvenes inmigrantes ni, aún menos, la sociedad que los acoge, víctima de un proceso -consentido e imparable- de desarraigo que amenaza con abrir nuevas heridas, aún más profundas que las que dejó el asalto del Masnou.