Manoseo de la Abogacía del Estado

La utilización torticera de la Abogacía del Estado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha llegado a un punto de implosión. Semanas atrás, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, esgrimió un informe de la Abogacía del Estado -que además aún no había sido concluido cuando lo utilizó- como coartada jurídica para negar a las comunidades autónomas el ingreso total de 4.700 millones de euros en concepto de entregas a cuenta mientras se resolvía la parálisis institucional. Sencillamente, La Moncloa había cerrado el grifo de la financiación de las autonomías con el argumento de que, estando en funciones, le era legalmente imposible cumplir con las demandas de las comunidades. Ahora, en plena precampaña electoral, Sánchez ha decidido reabrir el grifo, forzando un nuevo informe de la Abogacía del Estado absolutamente contradictorio en sus conclusiones respecto al anterior dictamen, que sí avala ahora la liberación de ese dinero. Más allá del evidente electoralismo que rezuma esta decisión arbitraria, y más allá de que ese dinero sea objetivamente imprescindible para las autonomías, lo cierto es que la Abogacía del Estado ha sido utilizada como un mero peón sometido al capricho político del PSOE. El manoseo de la institución es evidente, y ABC revela hoy cómo los miembros del servicio jurídico del Estado destinados en el Ministerio de Hacienda se han negado a firmar ese «contrainforme» ad hoc. Los abogados del Estado se sienten utilizados por el Gobierno y parecen haberse hartado de contribuir a la pésima imagen que ofrece una prestigiosa institución del Estado, cuyo papel queda pervertido a conveniencia del PSOE. De hecho, ha tenido que ser la abogada general jefe del Estado quien ha rubricado el informe, dada la atmósfera de rebelión interna contra el oportunismo político, que no la corrección jurídica, del Gobierno socialista. Si antes se trataba de castigar a las autonomías, ahora se trata de hacer campaña y demagogia, con la Abogacía del Estado triturada de por medio.

Y no es la primera vez que ocurre. Durante la fase final de la instrucción del Tribunal Supremo contra los golpistas del 1-O, el Ministerio de Justicia dio instrucciones a la Abogacía del Estado para calificar los hechos como sedición, y no como rebelión, que había sido la acusación mantenida durante toda la investigación. Se usó a la Abogacía del Estado como argamasa de la estrategia de «apaciguamiento» de Sánchez con el independentismo. El resultado fue elocuente: el abogado del Estado que debió firmar la acusación renunció a hacerlo y abandonó la Abogacía con destino a un escaño de Ciudadanos, no sin dejar antes un reguero de reproches al Gobierno por el uso espurio que hizo de su trabajo. Ahora se ve cómo las maniobras continúan. A Sánchez todo abuso le parece poco.