EDITORIAL ABC

Maltrato en la Educación

Las promesas de Sánchez están basadas en prejuicios, porque el Estado debe aceptar que la enseñanza puede basarse en métodos diferentes

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y Pablo Iglesias entrar al Palacio de la Moncloa Reuters

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El documento de 370 medidas presentado por el PSOE a Unidas Podemos contiene un capítulo especialmente preocupante, el de la Educación. En esta materia, los socialistas despliegan todo el arsenal de argumentos sectarios con los que es muy difícil que la extrema izquierda no comulgue. Es un plan contradictorio, porque, diciendo buscar la mejora del sistema, ahonda en algunos de los problemas de la educación pública que empujan a muchas familias a optar por la concertada. Tras las promesas de suprimir la diferenciación por necesidades especiales del alumnado o por sexo, se esconde un afán intervencionista que desconoce la complejidad de la educación de los menores. Sí hace distingos, en cambio, al proponer la gratuidad de la primera matrícula a las jóvenes en carreras de Ciencias, discriminando flagrantemente a los jóvenes. No es esa la manera de incentivar la presencia femenina en esos estudios. Las promesas de Sánchez están basadas en prejuicios, porque el Estado debe aceptar que la enseñanza puede basarse en métodos diferentes perfectamente legítimos y frente a los cuales el Gobierno está obligado a comportarse con neutralidad. No sólo pierde esa neutralidad el PSOE al amenazar a la concertada si separa aulas por sexo -sistema que convive en muchos países con las aulas mixtas-, sino también cuando se compromete a introducir en la enseñanza la «perspectiva de género» y la educación afectivo-sexual «conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad», eslogan con el que la izquierda esconde el activismo ideológico a favor del feminismo radical, relativizando la llamada «familia tradicional». Este es el contexto de esa batalla de ideas que el centro-derecha debe librar en aras de la libertad ideológica, moral y religiosa de los padres para decidir la educación de sus hijos. Dentro, por supuesto, de los valores constitucionales, utilizados por el PSOE como la tapadera de un plan de adoctrinamiento en la escuela pública propio de la ingeniería social de la izquierda.

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