Jungla de asfalto

Las autoridades están para ejercer de árbitro y para proteger los derechos de la mayoría de los ciudadanos

Ignacio Camacho
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En esas fotos, las de los colapsos migratorios y las de los atascos en las calles, no busquéis a Sánchez. El arcángel benéfico del Aquarius, el mago que se va en Falcon de festivales, no está para visitas a centros de inmigrantes ni para rescatar a los contribuyentes y a los turistas atrapados en la huelga de taxis. No hay modo de hacer propaganda de problemas tan desagradables. Quizá cuando los taxistas cierren, como amenazan, la frontera francesa, alguien del Gobierno tendrá que salir a explicarse; hasta ahora no se ha oído una palabra oficial –ni se ha visto un hecho– ante el bloqueo salvaje de las grandes ciudades.

Tres días llevan las capitales españolas sumidas en un caos paladino. No se trata sólo de que no haya taxis disponibles en aeropuertos y estaciones en plena temporada alta del turismo, sino de que los huelguistas inmovilizan el tráfico con grandes concentraciones de vehículos. Hasta ayer, el Ministerio de Fomento no se dignó a recibirlos. Hoy está prevista audiencia con la otra parte, la de las VTC, y mañana con los representantes de las autonomías responsables de licencias y permisos. Serán en total cinco jornadas sólo para entrevistarse con los sectores en conflicto, un conflicto estratégico en fechas cruciales para una economía de servicios. Y mientras la negociación marcha a este ritmo cansino, los ciudadanos soportan su toma como rehenes por un gremio levantado en defensa de sus intereses corporativos.

Que tiene sus razones, sin duda, aunque las pierda con un comportamiento desaprensivo y áspero. Hay lagunas legales y una disparidad evidente entre las condiciones de un transporte poco regulado y las de un ramo laboral sometido a un estricto régimen funcional y tarifario. Las autoridades están para ejercer de árbitro, pero mientras encuentran soluciones tienen la obligación de proteger los derechos de la mayoría secuestrada en su propio hábitat urbano. La gente no paga impuestos a tres administraciones –como mínimo– para que a las primeras de cambio la dejen atrapada en una jungla de asfalto. Éste no es un problema insoluble, ni dramático; simplemente exige cierta capacidad política y técnica para solucionarlo. Y cada día que pase sin resolver será una demostración de incompetencia, de torpeza o de abulia: un fracaso. El ejercicio del poder no consiste sólo en los objetivos campanudos y en los grandes asuntos de Estado; hay veces, muchas, en que es menester demostrar responsabilidad, disposición y eficacia para gestionar lances cotidianos. Esos contratiempos que afectan a la vida común de la población, a aspectos tan simples como su movilidad, su tiempo o su trabajo.

Gobernar no es caminar sobre las aguas: hay que tomar decisiones, comprometerse a cada momento en tareas y quehaceres concretos. Y el diablo de la frustración civil, del desencanto con la política, se esconde a menudo en esos detalles pequeños.

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