Factura y fractura de la memoria histórica

La sentencia del Tribunal Supremo sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco cierra de manera provisional la campaña emprendida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la moción de censura con la que el año pasado llegó a La Moncloa, una obsesión obstaculizada por la Justicia, más preocupada por las garantías jurídicas que por las necesidades y urgencias electoralistas del presidente del Gobierno en funciones. Sacar a Franco del Valle de los Caídos ha sido la prioridad, casi absoluta, para una Dirección General de Memoria Histórica que Sánchez se apresuró en crear a finales de junio de 2018, al poco de tomar posesión, y cuya función apenas ha pasado de desbloquear los trámites jurídicos que durante más de un año han frenado este proceso de exhumación. A razón de 15.768 euros, el diseño del logotipo republicano que el Ministerio de Asuntos Exteriores quiso hacer circular desde las embajadas y los consulados de España, es una de las escasas iniciativas -encargada por Exteriores y neutralizada tras la oportuna denuncia de ABC- que ha llevado a cabo esta fantasmal dirección general, ahora sin titular y de la que se hace cargo su subdirector general.

El reparto de contratos a dedo, por un valor de 311.000 euros, y la firma de convenios con asociaciones nacionales y extranjeras muestra el reducido margen de maniobra de un organismo concebido en exclusiva para exhumar los restos de Franco y consagrar de forma falaz el republicanismo de los años treinta como sinónimo de democracia plena. Invertir en la concordia entre los españoles, rota desde los tiempos de Rodríguez Zapatero, no tiene para Pedro Sánchez tanta rentabilidad electoral como trabajar por el enfrentamiento ideológico e institucionalizar una memoria sesgada y excluyente.