Una Europa sin fronteras fiscales

La Unión Europea cuenta con el Estado del bienestar más desarrollado del mundo y destaca como uno de los grandes referentes en la lucha contra la desigualdad, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de países. La firme defensa de los derechos sociales y las políticas de redistribución que aplican los estados miembros son una de las señas de identidad del proyecto comunitario, razón por la cual las autoridades europeas siempre han liderado la lucha contra los paraísos fiscales a escala internacional, cuya mala praxis regulatoria facilita la evasión de capitales y el fraude tributario. Sin embargo, esta loable misión se ve vulnerada cuando Bruselas permite la existencia de refugios fiscales en el seno de la propia Unión. El último ejemplo radica en Portugal, cuyo atípico marco impositivo atrae a grandes fortunas de todo el continente, incluida España, con la consiguiente pérdida de recaudación en los países afectados. La exención de impuestos que aplica el Gobierno luso a los residentes no habituales permite reducir de forma muy sustancial la factura de Hacienda sin necesidad de vivir en Portugal un mínimo de seis meses al año, seduciendo con ello a muchos jubilados europeos de alto poder adquisitivo, entre los que se encuentran 2.000 españoles, para no pagar lo que deben en sus países de origen a la hora de rescatar sus planes de pensiones y cobrar rentas o dividendos. Dicho esquema, instaurado en 2009 por los socialistas y mantenido hoy por el Gobierno del mismo signo que tanto admira Sánchez, encabezado por António Costa y sus aliados de extrema izquierda, no debería tener cabida en la UE. En primer lugar, porque la no exigencia de trasladarse al país vecino para disfrutar de sus ventajas fiscales resulta discriminatoria y tiene difícil encaje legal.

Es injusto que los trabajadores pertenecientes a la clase media, que son quienes soportan el grueso del gasto estatal, paguen religiosamente sus impuestos, mientras que las rentas más altas disponen de una vía de escape diseñada de forma específica para la atracción de grandes capitales. Y todo ello sin contar que se trata de una competencia fiscal desleal, ya que no respeta los principios básicos que inspiran el marco tributario europeo. Por desgracia, el caso de Portugal no es único, ya que Luxemburgo e Irlanda también pueden ser tildados de paraísos fiscales, gracias a su reducida o nula tributación en materia de sociedades e inversiones. La UE no solo tiene que combatir estos refugios más allá de sus fronteras, sino que, a nivel interno, debe avanzar hacia una mayor armonización fiscal para evitar este tipo de prácticas y contribuir de forma decisiva a la creación de una auténtica unión política en Europa. La regulación comunitaria en materia de impuestos debe ser clara y homogénea para que todos los países miembros operen bajo las mismas reglas de juego.