España, ante un Brexit duro

Entre la tozudez táctica de Boris Johnson, que ha utilizado muy bien el Brexit para llegar a ser primer ministro y ahora ya no sabe por dónde seguir, y el líder laborista Jeremy Corbyn, que quiere hacer lo mismo pero no sabe por dónde empezar, la situación política británica está a punto de causar el mayor desastre conocido en tiempos de paz, si no se cuentan terremotos y catástrofes naturales. Los ciudadanos británicos serán sin duda los más perjudicados, pero no serán ni mucho menos los únicos damnificados de este vodevil en el que se ha convertido la vida política de un país que fue tomado históricamente por serio. Ni los guionistas más avezados de las series de política ficción se habrían atrevido a planificar una situación tan enrevesada e imprevisible. Cuesta imaginar qué puede pasar aún en las semanas que quedan hasta el próximo Consejo Europeo en el que Boris Johnson, que ha dicho que preferiría verse «muerto en una zanja» antes que tener que hacerlo, se supone que tendrá que pedir una extensión de la prórroga del artículo 50 o, en su defecto, anunciar que, tal como ha amenazado desde el principio, el 31 de octubre a medianoche consumará la ruptura de su país con la Unión Europea. Es indignante que toda esta situación se mantenga sin tener en cuenta los millones de vidas y haciendas que dependen directamente del desenlace de este estrambótico proceso político en el Reino Unido.

En el caso de España, las cifras hablan por sí solas: unos 300.000 británicos residen en nuestro país, la mayoría de ellos después de haber invertido en la compra de una residencia. Casi 140.000 españoles, según el INE, forman parte de los más de tres millones de europeos que viven en Gran Bretaña. En Gibraltar, cada día cruzan la verja más de 9.000 trabajadores de la zona cuya economía depende en gran parte de la fluidez de las comunicaciones con la frontera. Es verdad que el Gobierno ya ha previsto una batería de medidas de contingencia para suavizar en lo posible los efectos más directos de esta ruptura, pero no hay mecanismo que pueda servir para prevenir lo imprevisible, porque la política británica ha entrado en una espiral maléfica que la conduce hacia una calamidad.

En el caso del Peñón, tal vez sería necesario que el Gobierno pusiera en marcha una célula de gestión en la que participen todos los grandes partidos para empezar a diseñar una política específica para el Campo de Gibraltar y para la todavía colonia británica, con vistas a la nueva situación que va a crear la ruptura del Brexit. Más allá de los asuntos específicos de la frontera, el cambio jurídico que va a producir el Brexit puede ser también la mejor ocasión para renovar el planteamiento del problema de fondo sobre la soberanía.