Editorial
Con todas las armas legales y políticas contra el desacato
Por primera vez desde que el TSJC diese de plazo hasta el 20 de marzo para que en las escuelas de Cataluña se impartan un 25 por ciento de las asignaturas troncales en castellano, el Ejecutivo presidido por Aragonès ha mostrado su clara disposición a todo lo contrario: que se siga perpetuando el allanamiento de los derechos de muchos padres, y de sus hijos, y el incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo autonómico. La gravedad de las manifestaciones del consejero catalán de Educación, anunciando ese incumplimiento, reside en la impunidad con la que la Generalitat se declara insumisa cuando le viene en gana. Puestas así las cosas, y dada por perdida la voluntad de los separatistas en asumir las sentencias, es el Estado el que ha de responder con todos los mecanismos políticos y jurídicos a su alcance para restablecer el imperio de la ley en Cataluña. Si el Gobierno de Sánchez no lo hace será cómplice de esa deslealtad con los intereses superiores de España, pues ese desacato es también una agresión al orden constitucional, que consagra que la ley ampara a todos los españoles, no a los que Aragonès o Sánchez elijan.
