Editorial
Otra farsa con el 25 por ciento
Sostener que las meras búsquedas de internet de los alumnos, si son de páginas web en español, contarán para justificar la cuota legal de castellano es el colmo de la provocación
Hay que reconocerle tanta originalidad como desparpajo a la Generalitat de Cataluña a la hora de burlar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a los centros escolares a impartir un mínimo del 25 por ciento de la enseñanza en español. Como la Generalitat vive de la desobediencia constante a los tribunales españoles, y como además nunca ocurre nada cuando los incumplimientos de sentencias son flagrantes, era lógico que en un primer momento diese instrucciones a los centros escolares para que sus directores y profesores incumpliesen la sentencia sin problemas. Ahora, cuando se les ha dado un ultimátum para poner en práctica los planes que aseguren ese 25 por ciento, resulta curioso comprobar cómo idean fórmulas para tomar el pelo a los jueces. Por ejemplo, sostener que las meras búsquedas de internet de los alumnos, si son de páginas web en español, contarán para justificar la cuota legal de castellano. Es el colmo de la provocación y una forma de desobedecer la sentencia como otra cualquiera. Y para añadirle un plus de cinismo, la Generalitat prevé que cuando los alumnos estén en el patio, el comedor o en las actividades extraescolares, cualquier charla entre ellos también contará como porcentaje de español. La pregunta ahora es si el Gobierno catalán instaurará una suerte de ‘policía de recreos’ para atestiguar que, en efecto, dos amigos hablan en castellano en el patio, de modo que ya sea innecesario que lo hagan en clase. Con razón decía Oriol Junqueras días atrás que siempre hay «fórmulas flexibles» para interpretar la ley. Sin embargo, la cuestión de fondo no es la flexibilidad en la interpretación de la ley, sino la ejecución de los fallos judiciales y su cumplimiento, algo que entre los dirigentes de ERC y Junts no es costumbre.
La Justicia deberá tomar buena nota de esta farsa. ¿Cómo es posible que compute como hora lectiva en español la búsqueda de información en internet para un trabajo escolar cuando la asignatura se imparte en catalán, el material educativo del centro está en catalán, el trabajo se entrega en catalán, y la evaluación se hace en catalán? No engañan a nadie. Solo vulneran la ley a capricho. Y dado que no parece previsible que ningún inspector educativo de la Generalitat vaya a mover un dedo, y que los dos funcionarios de la Alta Inspección del Estado siguen en una grotesca minoría allí donde sí se maltrata el español y se conculcan derechos de los alumnos, lo lógico sería que el TSJC moviese pieza cuanto antes. Esto es solo un subterfugio para sortear la sentencia con ánimo evidente de incumplir su fallo. Y eso podría no ser solo desobediencia, sino incluso prevaricación.
Lo cierto es que más allá de la pose de los independentistas respecto a la Justicia, a la hora de la verdad muchos fallos se cumplen. Junqueras fue procesado, detenido, condenado y después indultado. Pero no ocupa cargo político alguno porque está inhabilitado. Lo mismo ocurre con Joaquim Torra. Siempre se jactó de desobedecer, pero ya no es presidente de la Generalitat. Y Puigdemont sigue sin tener la valentía de asomar por España, consciente de que sería inmediatamente encarcelado. Carme Forcadell, Turull, Rull, Romeva… todos saben ya del poder de la ejecución de las sentencias. Los fallos se cumplirán solo el día en que los jueces asuman como una obligación legal, y de ética pública, imponer a los directores de centros y profesores el cumplimiento de la ley. Y si se niegan, juzgarlos y condenarlos. ¿Hasta cuándo la impunidad y la permisividad?
