Editorial
Futuro difuso de las pensiones
Las expectativas a medio plazo no son buenas, porque en los próximos años se jubilarán los nacidos del ‘baby boom’ de la década de los 60: son muchos y con sueldos medios altos
Desde hace décadas se está vaticinando la quiebra del sistema de pensiones. Y aunque esa quiebra no se haya producido de forma definitiva, su pago es cada año más gravoso para las arcas del Estado y constituye un problema social creciente. Los actuales pensionistas se quejan de que sus pensiones son bajas y los futuros pensionistas, trabajadores hoy, temen que sus pensiones no alcancen los importes por los que están cotizando. Con una tasa de paro que duplica la media europea y escandalosamente alta entre los jóvenes, la sostenibilidad de las pensiones con cargo a las cotizaciones sobre los salarios no está garantizada. Los datos estadísticos son muy preocupantes, pero no constituyen la única realidad del problema, porque cuando se habla de pensiones no hay que olvidar a las personas que han trabajado toda su vida para aspirar a una jubilación digna. La pensión no es, por tanto, un privilegio, ni una concesión del Estado.
Los datos, en todo caso, no entienden de factores subjetivos. España tiene una economía de salarios bajos porque su estructura empresarial se basa en el pequeño negocio y tiene su productividad muy limitada. La subida del Salario Mínimo Interprofesional, como quieren los ministros podemitas del Gobierno, podrá ser asumida por algunas empresas, pero otras muchas tendrán que despedir trabajadores o reducir jornadas, como ya sucedió con el anterior incremento del salario mínimo. Si se añade una tasa de paro elevada como la actual, la combinación de factores impide que el mercado laboral financie el pago de las pensiones. Las expectativas a medio plazo no son buenas, porque en los próximos años se jubilarán los nacidos del ‘baby boom’ de la década de los sesenta del siglo pasado: son muchos y con salarios medios altos, lo que supone el derecho a pensiones altas. El ministro Escrivá anunció que a estos futuros pensionistas les espera un recorte de sus pensiones o un aumento de la edad de jubilación. Se haga una cosa u otra, el problema seguirá vivo y pendiente de soluciones que no deben de sucumbir al populismo ni a la demagogia. Actualmente, la pensión media en España supera el 50 por ciento del sueldo medio de un trabajador y esto quiere decir que muchos trabajadores ingresan menos que muchos pensionistas. Esta es una realidad que no debe victimizar a unos ni culpabilizar a otros, sino que debe ser asumida como el problema que es para la capacidad financiera del Estado.
Las pensiones tienen que recibir un plan pactado por Gobierno, oposición, empresa y sindicatos, sin ensoñaciones populistas. Hay que determinar un método realista de revalorización de las pensiones y no estigmatizar las opciones privadas que se prevén en otros países para complementar el sistema público de pensiones. España ya sufre demasiadas brechas sociales. Las pensiones están abriendo otras, no solo entre generaciones de pensionistas, sino también entre trabajadores jóvenes y pensionistas y entre pensionistas de unas u otras comunidades autónomas, porque las diferencias son sustanciales según donde viva el jubilado. El problema de las pensiones es una constante de la política en España. No puede decirse que no haya recibido respuestas, como han sido el Pacto de Toledo o el Fondo de Pensiones. Sin embargo, las limitaciones y carencias del mercado laboral y el sesgo de edad de la población española, unido a las expectativas de vida, hacen muy urgente un pacto renovado y definitivo, aun a sabiendas de que no satisfará a todos, pero al menos permitirá la supervivencia de un sistema que actualmente no es viable.
