Editorial
Fianzas con el bolsillo de todos
Ni siquiera los ‘soldados’ del separatismo y de los lazos amarillos se han sacudido la cartera para pagar las fianzas de sus líderes. La Generalitat cubre una malversación con otra malversación
Muy profunda ha debido de ser la bronca interna en la Generalitat de Cataluña para que en menos de veinticuatro horas el consejero de Economía, Jaume Giró, se haya desdicho, y para que finalmente Pere Aragonès y su Gobierno hayan forzado al Instituto Catalán de Finanzas a hacer frente a los 5,4 millones de euros que el Tribunal de Cuentas exige como fianza a casi cuarenta dirigentes separatistas. Más que nada, porque inicialmente fue el propio Giró quien deslizó la idea de que si las fianzas se avalaban de ese modo, con un crédito público, la fórmula para satisfacer a Oriol Junqueras, Artur Mas y al resto de implicados en la malversación sería ilegal. La Generalitat no solo ha hecho un ridículo político humillante, sino que previsiblemente esté incurriendo en un acto ilícito. Primero, alentó a entidades bancarias y de crédito a adelantar el dinero, que luego gestionaría la Generalitat en virtud de un decreto aprobado expresamente días atrás para afrontar las fianzas de modo provisional. Después, cuando vio que ningún banco asumía la petición del Gobierno catalán, trató de buscarlo en el extranjero. Y aun así ha sido imposible. Finalmente, las consecuencias de una malversación de caudales públicos se van a saldar con otra posible malversación, forzando a una institución a poner dinero público para sufragar fianzas privadas.
Llegue a ser legal o no -lo cual es relevante-, desde el punto de vista de la ética pública es un abuso político y un fraude al bolsillo de los contribuyentes, que no pagan sus impuestos para cubrir las fianzas de delincuentes y de irresponsables contables. Los líderes nacionalistas pensarían que nadie les reclamaría nunca el dispendio de dinero que utilizaron para dar cobertura al proceso separatista en el extranjero, y poder granjearse así una imagen de victimismo alegando que España está repleta de represores de las libertades y de la democracia. Bastante tienen ya los españoles con haber pagado en términos de credibilidad democrática los indultos de los condenados por sedición, y con tener que escucharles además jactándose de que «lo volveremos a hacer». Además de que usaron el dinero de todos a capricho para una ilegalidad, pretenden que ahora sea la misma caja común de los contribuyentes la que se encargue de salvarles la cara. Llegados a este punto, es de suponer que ni a los consejeros del Tribunal de Cuentas ni a la Fiscalía les satisfaga este desprecio de la Generalitat a todos los ciudadanos, incluso en el orden penal, porque si no es un delito de prevaricación, desde luego lo roza. Más aún, cuando es notorio que los antiguos altos cargos afectados disponen de patrimonio personal suficiente para hacer frente a su responsabilidad.
Este episodio demuestra también el momento de desmovilización, descrédito y hastío que sufre el movimiento independentista de Cataluña. Ni siquiera los ‘soldados’ del separatismo, y esas muchedumbres que pasaron dos años con lazos amarillos en su solapa, ponen ya su dinero para salvar a sus líderes. El engaño ya no cuela cuando solo sirve para vaciarse los bolsillos. Ni la Asamblea Nacional Catalana ni Ómnium, esas organizaciones civiles al servicio de la independencia, han conseguido recaudar las cantidades que en otros momentos sí lograron. La ‘caja de solidaridad’ parece haberse convertido ya en un instrumento inútil, y nadie mira a su billetera para salvar a sus mártires. Desde ayer la Fiscalía tiene la obligación jurídica, pero también moral, de revisar si esta fórmula ideada por la Generalitat para privilegiar a delincuentes es una trampa ilegal. A priori, lo parece, y es el propio Giró quien lo sabe.
