Deslealtad a la Carta Magna

En el aniversario de la Constitución de 1978, materialización del gran pacto de la Transición, el Gobierno en funciones y el partido que lo apoya, el PSOE, están desarrollando una política de deslealtad constitucional sin tapujos. Su proyecto político se sustenta en alcanzar un acuerdo estable de gobierno y de legislatura con partidos cuya razón de ser es la derogación de la Carta Magna y la ruptura de la unidad nacional. Cualquier explicación meliflua de las que ofrece Pedro Sánchez para justificar lo injustificable no es más que un acta de acusación de su opción personal por un acuerdo inmoral e inconstitucional.

Solo sin ética política ni respeto a la Constitución se puede negociar y convenir con los herederos de ETA, como hace el socialismo en Navarra, al son del blanqueo público de la figura de Arnaldo Otegui. Solo sin ética política ni respeto por la Constitución se puede ofrecer la vicepresidencia del Gobierno de España a un político de extrema izquierda, apologista de dictadores, que acudió a reunirse con el sedicioso Junqueras en la cárcel y que defiende el derecho a la autodeterminación. Solo sin ética política ni respeto por la Constitución se puede crear una mesa de negociación a la que se invita a un partido político como Esquerra Republicana de Cataluña, cuyo máximo dirigente es un delincuente condenado en firme y encarcelado por sedición contra el orden constitucional y legal. Y solo sin ética política ni respeto por la Constitución es posible arrinconar a la Corona en un momento crítico para España, como lo está haciendo Pedro Sánchez para no dar espacio a la institución que encarna ese Estado que peligra con sus pactos de gobierno.

Pedro Sánchez insiste en poner en jaque la vigencia del consenso constitucional. Aparte de un obsesionado por el poder, Sánchez se ha revelado como un intoxicador de la vida pública española, al legitimar a quienes representan lo peor de la reciente historia de nuestra nación: el terrorismo y el separatismo. Suya es la responsabilidad de que en este aniversario de la Carta Magna de 1978 los valores constitucionales estén en situación crítica por haber sido vendidos al mejor postor. Que a día de hoy el Gobierno en funciones no haya impugnado ante el Tribunal Constitucional las últimas resoluciones separatistas del Parlamento catalán -«siguen siendo estudiadas», dijo ayer la portavoz del Consejo de Ministros- es la prueba de que en la mesa de negociación con Unidas Podemos y Esquerra Republicana -de Bildu se encargan otros- prima el acceso al poder antes que la convivencia democrática y el Estado de Derecho, ambos en peligro por la apuesta anticonstitucional del PSOE.