Contra la cultura de la muerte

La primera y fundamental obligación de las autoridades públicas, tanto desde el punto de vista jurídico como moral, debería ser la protección y salvaguarda de los derechos básicos del hombre, empezando por la vida. Sin embargo, cuando desde el Estado y la propia sociedad se fomenta la idea de que la muerte es una solución aceptable e incluso deseable para algunos problemas, por muy graves que estos sean, banalizando con ello su naturaleza y significado, algo importante está fallando. El caso de Noa Pothoven, la joven holandesa de 17 años que murió el pasado domingo en su casa por voluntad propia, ha reabierto la polémica en torno a la eutanasia y sus consecuencias. Noa decidió quitarse la vida tras sufrir abusos sexuales siendo niña, un trágico episodio que le acabó causando un profundo cuadro de depresión y anorexia del que quería escapar a toda costa, optando, finalmente, por esta salida sin retorno.

Aunque, al parecer, la administración no intervino activamente en su fallecimiento, dado que la joven se encontraba en lista de espera tras no haber superado los controles médicos para determinar que su sufrimiento psicológico era insuperable, el suicidio de Noa, asistido o no, supone un gran fracaso social. El hecho de que un Estado sea incapaz de ofrecer una alternativa para paliar su sufrimiento sin tener que recurrir a la cultura de la muerte constituye una inmoralidad, además de una sonora «derrota para todos», tal y como denunció ayer el Papa Francisco. El caso de Noa evidencia lo complicado y espinoso que resulta legislar sobre la eutanasia, de modo que PSOE y Cs, que defienden su legalización en mayor o menor grado, deberían tentarse la ropa antes de institucionalizar una práctica que, como acabamos de comprobar en Holanda, puede extender una práctica que promueve la muerte de una persona en vez de paliar su dolor.