La Constitución, ni precio ni problema

El Gobierno y el PSOE merecen un margen de confianza, pero no un cheque en blanco sobre Cataluña, por lo que deben explicar en qué consiste el acuerdo por el que los socialistas toleran la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución a la Generalitat y el Gobierno, a su vez, acepta una comisión que estudie la reforma de la Constitución de 1978. La gravedad de la situación no exime a los representantes políticos de cumplir con su deber de informar a la opinión pública sobre las cuestiones de interés nacional, más aún cuando se trata de explicar un pacto que remite a dos iniciativas sin precedentes, como la de aplicar la fuerza coactiva del Estado sobre una comunidad autónoma y la de reformar el modelo autonómico de organización territorial. Frente a la opacidad tramposa de la Generalitat, el Gobierno debe guiarse con las mejores directrices de la democracia liberal, empezando por el respeto a los ciudadanos.

Precisamente por no saber en qué consiste el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE, pero sí por conocer cuáles han sido las anteriores demandas socialistas de reforma constitucional, ABC se siente emplazado por su coherencia editorial y su compromiso con los lectores a valorar los riesgos de anunciar en este momento una reforma de la Constitución de 1978.

En primer lugar, no hay una explicación política que vincule el apoyo a la aplicación del artículo 155 con la reforma de la Constitución. La gravedad del momento que vive España es tan obvia que el PSOE debió prestar su apoyo al Gobierno de forma incondicional. En segundo lugar, los separatistas catalanes no son federalistas. Todo lo contrario, porque el federalismo es un modelo político de agregación y fortalecimiento del Estado que no resuelve el problema separatista. En tercer lugar, en el actual contexto de confrontación con la Generalitat, la introducción de la reforma constitucional supone convalidar el argumento separatista de que la Constitución está superada, cuando el problema en Cataluña no es de agotamiento constitucional, sino de vacío constitucional. En cuarto lugar, esta posible reforma ya está sesgada hacia un modelo federalizante -¿y plurinacional?- que descarta de antemano y sin debate una revisión crítica del desarrollo del Estado autonómico y una corrección de sus excesos, a la que apuntan todas las encuestas.

El esfuerzo de las instituciones del Estado, empezando por la Corona, y los ciudadanos españoles, principalmente catalanes, se explica porque era necesario poner coto al separatismo. Sería paradójico que este mismo régimen nacionalista, ilegal y traidor, acabara llevando su pulsión diferenciadora a la mismísima Constitución. Para esto no ha salido a la calle la Cataluña silenciosa. La Carta Magna no es el precio que el Gobierno deba pagar para obtener el apoyo socialista, ni el problema causante de la deslealtad del nacionalismo. Esta crisis no puede acabar con los nacionalistas exhibiendo la cabeza de la Constitución de 1978.