El comercio digital debe empezar a pagar

Aprobado ayer por el Gobierno, el proyecto de ley para gravar con un nuevo impuesto a los servicios digitales, la conocida tasa Google, representa un pequeño paso -quizá improvisado, pero en la buena dirección- en el proceso de armonización y racionalización fiscal de un sector económico cuyo desarrollo ha desbordado el marco tributario de los mercados por los que ido extendiéndose, a una velocidad muy superior a la que han mostrado las distintas administraciones para regularlo. A diferencia de otros países europeos que preparan medidas similares, como Austria, el Ejecutivo socialista no ha esperado a la reunión del Ecofin que el próximo marzo abordará la implantación de esta tasa a escala europea y se adelanta a sus socios comunitarios al imponer de manera unilateral una tasa -ya ensayada por el Gobierno de Mariano Rajoy- que a corto plazo habrá que reformular para seguir adaptándola a una realidad tan cambiante como la que registra la industria que opera en los entornos de internet. El rumbo, sin embargo, es el correcto.

El nuevo impuesto no representa una amenaza para aquellos emprendedores que trabajan en los entornos digitales, sino a los gigantes de internet con unos ingresos globales que superen los 750 millones de euros, una serie de plataformas que hasta ahora se han beneficiado del vacío legal para ejercer la competencia desleal en el campo del comercio a través de la publicidad que nutre sus cuentas. Pagar por lo que se gana y allí donde se gana -el 3 por ciento de sus servicios publicitarios, intermediación y venta de datos- es una norma que las grandes compañías de internet han evitado con un modelo de negocio cuya deslocalización virtual no puede seguir legitimando su impunidad tributaria, tan lesiva para las empresas, comerciales y de comunicación, con las que compite de forma desleal.