Ciudadanos, pescar en río revuelto

Ciudadanos tiene que decidir el papel con el que quiere participar en la política, porque con apuestas como la de retirar su apoyo a Pedro Antonio Sánchez, presidente autonómico de Murcia, quien aún no ha declarado como investigado ante el juez, sólo consigue transmitir oportunismo. El partido naranja ya ha iniciado conversaciones con el PSOE para una moción de censura. La realidad es que el presidente murciano no está imputado, pero ya se le pide que quede inhabilitado. Precisamente, la reforma de 2015 modificó la terminología del proceso penal para dejar de llamar «imputado» a quien no lo es.

Ciudadanos se comporta a veces como un partido que vive con la obsesión de ganar identidad con cuestiones gratas a la opinión pública, aunque no estén probadas.

Pretender que un cargo público dimita por el solo hecho de que un juez lo llame a declarar como investigado es una desproporción que pone a la política en manos de querellantes avispados, fiscales inquisitoriales o jueces poco escrupulosos con la verdad de los hechos. Basta un informe policial bien adornado con atribuciones de hechos delictivos –más o menos ciertos– para que un cargo público tenga que renunciar a su función. Así desaparece la necesidad del control político parlamentario, que se transfiere a policías, jueces y fiscales, y ganan influencia las minorías que nunca han gobernado.

Quizá por el hartazgo de tantos casos de corrupción padecidos en los últimos años, España se está convirtiendo en un inmenso juzgado de instrucción en el que cualquier titular provoca una sentencia pública y demoledora. En el caso del presidente de Murcia, la dimisión sería una ejecución anticipada de una condena sin proceso. Esperar a que esté decidida la apertura de juicio oral para exigir el cese es lo más razonable, previendo además un mecanismo de reparación del honor y de reposición en el cargo si la sentencia es absolutoria.