Más laboratorios, más pruebas

Casi un mes después de intervenir la sanidad privada para poner sus instalaciones y servicios a disposición del denominado mando único, el Gobierno da un paso más en este frente al integrar en el Sistema Nacional de Salud a los laboratorios que realizaban pruebas de diagnóstico para detectar el Covid-19. La intervención -tardía, como viene siendo norma en el Ejecutivo de Pedro Sánchez- va a terminar con los movimientos especulativos registrados desde hace semanas en el mercado de los análisis clínicos, unas pruebas por las que los particulares, abandonados a su suerte por una administración sanitaria desbordada e incapaz de atender las necesidades de los portadores del coronavirus, han llegado a pagar más de trescientos euros. Siempre en clave populista, el Gobierno vende esta medida como un medio para terminar con los abusos, lo que resulta loable. Su utilidad última, sin embargo, ha de ser la articulación de una red nacional de laboratorios, ya completada con los establecimientos privados, muy numerosos, desde la que acometer de una vez por todas el obligado examen a la población que sirva para cuantificar las dimensiones reales de la pandemia y diseñar, ya sobre un croquis fiable, la ofensiva para combatirla y doblegarla. Pese a la insistencia con que el Gobierno asegura que España está a la cabeza del mundo en la realización de pruebas, las cifras que difunde Sanidad no pasan de ser un simple sondeo a través del que observar y analizar tendencias y con el que trazar la curva del contagio. Los laboratorios privados han de ponerse no al servicio de la demagogia de un Ejecutivo que dice luchar contra los abusos del mercado, sino de un plan masivo y generalizado de test, a ser posible con rigor y diligencia. Algo exigible en primer lugar al Gobierno, que interviene un sector sin escucharlo y lo criminaliza por los abusos de unos pocos.