Crear riqueza no puede ser un problema

En el mundo de la economía el tamaño importa, más aún cuando vienen mal dadas, como sucede con la crisis provocada por la pandemia del Covid-19. Solo superada por Italia en el ranking de las potencias europeas, España registra un tamaño medio de apenas 4,7 empleados por empresa, lo que convierte a nuestro país en un inmenso mosaico de iniciativas privadas que quizá aporte agilidad a nuestra economía en ciclos alcistas, pero que exhibe su extrema debilidad en etapas como la actual. Tanto el Banco de España, que considera «anormalmente elevados» estos números, como la propia Administración, que hace ya tres años elaboró un documento en el que pasaba revista a las trabas normativas que dificultan el crecimiento de nuestras empresas, con más de un centenar de normas diagnosticas como obstáculos para su despliegue, son conscientes de la gravedad de un problema, latente desde la anterior crisis, que la actual coyuntura ha contribuido a magnificar. Pasar de cincuenta empleados en España tiene para los empresarios unos costes logísticos y burocráticos, multiplicados por la selva normativa que conforman las comunidades autónomas, que desincentivan el crecimiento de sus compañías y las exponen a los rigores de la desaceleración. Hay factores internos, de carácter sectorial o cultural, que explican el minifundismo empresarial que se desarrolla a la sombra de los gigantes del Ibex-35, pero es la propia Administración la que termina por frenar cualquier avance. Liberalizar nuestro tejido económico no solo obliga a renunciar al intervencionismo que define a la izquierda radical, sino a eliminar las trabas que desmotivan a los pequeños empresarios para crecer de tamaño y generar riqueza más allá de un radio de acción que se queda corto para hacer frente a la adversidad.