Óscar del Pozo

Violencia hacia los sanitarios: las agresiones crecen más de un 50% en apenas un año

Las enfermeras encabezan el «ránking» con más de la mitad. El sector contará con alarmas para atajar estos casos con el protocolo de la Comunidad

MadridActualizado:

Los ataques al personal de la sanidad pública se han disparado. En apenas un año han crecido la friolera de un 50,4%. Así, pasaron de los 1.287 de 2016, a las 1.936 de 2017, según consta en el Registro Madrileño de Agresiones y Conflictos (Remac) de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

«Vamos solas y a mí casi me dejan manca. Ahora digo siempre a alguien dónde estoy y cuando entro y salgo», dice una enfermera de atención domiciliaria«Me amenazaron con violarme y matarme. ¿La razón? Pedir a un motón de familiares que salieran de la habitación de una enferma para atenderla, recalca otra compañera de un hospistal

De ellos, el colectivo de Enfermería acapara el grueso, con el 51,24%, un 1,78% más, siguiendo la tónica de los últimos años. Le siguen los médicos, con el 32,7%. En este grupo han caído un 2,2%. Por último, figuran los incidentes que tiene como protagonistas al personal no sanitario (celadores, administrativos, etc...), que han pasado del 15% al 15,86%.

Las agresiones verbales, que representan el 72,6% de las denuncias notificadas al Remac, son las más comunes, seguidas de las amenazas ( 50,3%), mientras que los ataques físicos suponen el 15,8%. Gran parte de estos episodios ocurren en hospitales (aumentaron un 54%), seguidos de los centros de salud, con una subida del 46,6%.

Con este telón de fondo, los profesionales del sector han visto cumplida una de sus reivindicaciones: ya disponen del Protocolo de Prevención y Actuación frente a la Violencia en el Trabajo en instituciones del Sermas. El pasado viernes fue publicado en el BOCM, el último paso pendiente para su entrada en vigor un día después.

Colapsos, largas esperas...

Esta herramienta sirve no solo para cuantificar los ataques que sufre este colectivo por parte de pacientes y/o familiares, sino que identifica los factores de riesgo –sobrecarga laboral, masificación, tiempos de espera prolongados, expectativas falsas, exigencias inapropiadas del paciente, etc.– y señala las medidas preventivas. Entre las de contención, figuran los botones antipánico y alarmas antiagresiones.

El texto, además de homogeneizar los reglamentos de los centros en un procedimiento único, se adapta al Protocolo Antiviolencia para todos los funcionarios de la Comunidad. Elaborado y consensuado con las organizaciones sindicales en diciembre pasado, fija los pasos a seguir en las denuncias notificadas al Remac y explicita la responsabilidad de cada miembro de la institución sanitaria, que deberá notificar y atender a la víctima. Para ello, cada gerencia creará un departamento jurídico.

Para el Sindicato de Enfermería Satse, el mayoritario, «ya era hora de que esta herramienta, que llevaba meses durmiendo en un cajón, arranque. Garantiza la atención integral del agredido y el seguimiento administrativo y judicial de sus denuncias», precisó Verónica Díaz, responsable de Salud Laboral. A su juicio, el documento, además de acabar con las lagunas existentes, entre ellas no recoger el sexo de las víctimas –mujeres, en general– permitirá hacer una fotografía acorde con la realidad, esencial para adoptar medidas que combatan esa lacra y rompan los tabúes existentes: el silencio.

Testimonios

No es el caso de María (nombre ficticio). Tiene 27 años y en sus seis de experiencia ha sufrido dos percances. El peor fue en un domicilio. «Vamos solas, no sabes qué ni con quién te vas a encontrar. Nos sentimos desamparadas», relata. Empleada en un centro de salud de la capital cuya zona prefiere omitir, explica lo ocurrido. «Tenía que ir a curar a una mujer de mediana edad aquejada de una infección. Sabía que era conflictiva. Fui varias veces y una de ellas no quería dejarme entrar. Intenté razonar con ella, pero fue peor. Tenía apoyada la mano en el quicio de la puerta acorazada. Empezó a insultarme y dio un portazo. No sé cómo no me quedé manca. Gracias a que una compañera me sustituyó, si no, tendría que haber ido al día siguiente hasta que la burocracia resolviera el asunto», indica.

A partir de entonces toma precauciones. «Aviso a mi pareja y a mis compañeros y les indico donde estoy. Lo normal son 20 minutos de atención. Si pasa ese tiempo y no digo que he salido, saben que algo va mal», recalca. «Los pacientes problemáticos deberían ser sancionados de algún modo, y, aunque suene fuerte, en casos extremos, negarles la asistencia», precisa María.

Miedo a represalias

El «miedo a la represalias hace que solo se denuncien ante Policía o Guardia Civil las agresiones físicas y por tu cuenta, sin respaldo de la administración», precisa Pilar (nombre falso). A ella le espetaron los familiares de una mujer en un hospital: «Te voy a violar. Te voy a matar». ¿El motivo? Pedirles que salieran de la habitación para ponerle el tratamiento. «Al final, lograron su propósito y la llevaron a una habitación doble solo para ella y los suyos. Sus allegados no se iban nunca, lo único que conseguimos es que se alejaran de la cama. Tenían que estar controlando todo el rato lo que hacíamos». El vigilante de seguridad la tuvo que acompañar una temporada hasta el coche. «Tenía miedo».

Como Lola, de 39 años, acorralada y zarandeada por un paciente y su hija en un centro de salud rural. Soportó los gritos de ambos mientras le curaba las úlceras a él. «Me decían que así no se hacía», asevera. Denunció ante la Guardia Civil. Fue hace una semana. Aún llora al recordarlo. «Seguí trabajando hasta que acabé el turno. Ya no puedo más, tengo tres hijos que mantener, pero pienso en tirar la toalla. Estamos para cuidarles no para que nos maltraten».