Cuatro centros de salud acumulan el mayor número de agresiones a sanitarios

Cuatro centros de salud de Castilla y León acumulan el mayor número de agresiones a trabajadores de Sacyl, según el «mapa de riesgos de 2016» del que forman parte un total de 49 centros que son objeto de un especial seguimiento por parte de la Consejería. Los cuatro con mayor número de incidencias que permanecen en el citado mapa desde 2008 son los de Bembibre y Ponferrada II, en León; Alamedilla, de la capital salmantina, y Pilarica, de Valladolid. Los 49 a los que se presta más atención entran en esta clasificación porque el pasado año han registrado dos o más agresiones, por haber tenido un altercado físico o porque en los dos últimos ejercicios han registrado tres o más incidentes.

Estos datos fueron dados ayer a conocer por el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, en el pleno ordinario de la sección de agresiones del Observatorio Único de Castilla y León, donde aseguró que no se han registrado variaciones importantes en el último año. Así, en 2015 se produjeron 389 incidentes (14 más que en 2014), de los cuales 218 tuvieron lugar en los hospitales; 165 en los centros de Atención Primaria; cinco en el Servicio de Emergencias, y uno en la Gerencia de Salud de Área. También aumentaron el número de profesionales afectados, con 461, (26 más que en 2014), de los cuales 272 fueron en los hospitales y 183 en los centros de Atención Primaria. Sáez Aguado justificó el incremento en la mayor concienciación de los profesionales en la importancia de informar, registrar e, incluso, denunciar cuando se produce algún acto violento.

Del total de los profesionales afectados a lo largo de 2015, 160 fueron médicos; 156 profesionales de enfermería; 74 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería; 26 celadores, y 45 pertenecientes a otras categorías. Además, 80 de ellos fueron hombres y 381 mujeres, de lo que se deduce que sufrieron agresiones el 0,97 % de los hombres de la plantilla de Sacyl y el 1,40 % de las mujeres. Sáez Aguado destacó esta circunstancia y la necesidad de poner especial atención en este dato para poder aplicar medidas correctoras.

Por tipo de agresiones, el estudio concluye que el 67 % fueron de carácter verbal, un 18 % psicológicas y el 15 % de todas las registradas fueron físicas. De este último grupo, casi el 50 % se produjeron en el área de Psiquiatría, siete en Urgencias, una en Medicina Interna, dos en las consultas, una en el domicilio del paciente, cuatro en la vía pública y 33 en otros lugares.

En cuanto a las sentencias condenatorias, desde 2006 , año en el que comenzó a desarrollarse el seguro de defensa jurídica, hasta el cierre de 2015, se han dictado en la Comunidad un total de 167 sentencias condenatorias, 40 de ellas por delito y 36 por delito de atentado. En el último año ha habido tres condenas (en las provincias de Valladolid y Soria) con penas de uno a dos años de prisión, además de la consiguiente indemnización. En este punto, el consejero de Sanidad recordó que Castilla y León fue la primera comunidad en reconocer el carácter de autoridad pública de los sanitarios, un hecho que agrava las penas.

Conocidos los datos del último informe del Observatorio, Sáez Aguado destacó que no se han producido cambios significativos con respecto al anterior y si bien se registra un ligero incremento tanto en número de agresiones como en afectados, lo achaca al hecho de que hay una mayor concienciación y, por lo tanto, el número de denuncias va en aumento.

Se refirió, además, a alguna de las medidas puestas ya en marcha por la Gerencia Regional de Salud, como el «Botón de Alarma» en los equipos informáticos, instalado en 133 centros de salud y que el pasado año fue utilizado en una ocasión en un centro de salud de León. La idea es poder extender este sistema a otras áreas. En cuanto a las futuras medidas de actuación, Sáez Aguado señaló que se va a proceder a la revisión de los protocolos contenidos en la Guía de Seguridad elaborada en 2008 y que estaba pensada, especialmente, para los servicios de Psiquiatría. El objetivo es ampliarlo a los servicios de Urgencias, hospitalización, Emergencias, Atención Primaria y todos los ámbitos en los que pueda haber pacientes con problemas psíquicos. Además, a propuesta de UGT, se constituirá un grupo de trabajo para analizar el registro y revisar las medidas puestas en marcha.