Las inversiones «fail» de Zaplana: terrenos en Panamá, negocios con Ignacio González y National Geographic

Rosana B. Crespo

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14/02/2020
Actualizado a las 09:41h.

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La investigación del caso Erial ha permitido componer, poco a poco, tirando de un fino hilo que ha acabado conformando una madeja, el complejo y elaborado proceso impulsado presuntamente por el exministro Eduardo Zaplana para el cobro de comisiones ilegales a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Cantidades que se habrían desviado a diversas sociedades extranjeras para blanquearlas y, posteriormente, repatriarlas a España e invertirlas.

A qué fue dedicado ese dinero queda claro en determinados momentos, mientras en otros, como es el caso de los fondos de Andorra, sigue siendo una de las incógnitas por resolver, como informó este jueves ABC . Y en el detalle del destino es donde se comprueba que el también expresidente de la Generalitat Valenciana tuvo diversas inversiones fallidas que, o bien no llegaron a materializarse, o bien no reportaron ninguna rentabilidad.

Un ejemplo fue el expuesto por el abogado uruguayo Fernando Belhot, testaferro de Zaplana y el principal colaborador con la justicia en este asunto. En el testimonio ofrecido a los investigadores, mencionó que su despacho había conseguido la exclusiva de un producto alemán de alta tecnología para el tratamiento de aguas residuales.

El exministro, según aseguró, le dijo que su «amigo» Ignacio González , el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, había hecho buena relación con Aguas de Barcelona. De modo que acaba produciéndose una reunión entre esa empresa y el equipo alemán. Cuando estaba a punto de desarrollarse la prueba final, señala Belhot, se produce la detención de González dentro de la Operación Lezo. «Si el negocio tenía éxito, los dos se llevarían un porcentaje», declaró el abogado. Es decir, unas nuevas «mordidas» .

Otros dos proyectos infructuosos que reveló el testaferro fueron una inversión de medio millón de euros en National Geographic -«lo engañaron», indicó- y otra, también de medio millón, en unos terrenos en Panamá en una región del Pacífico. «Lo que pusieron ahí se pulverizó», apuntó.

A ello se añaden las actividades en España . Todas fueron gestionadas desde la sociedad instrumental Medlevante, la cual recibió la suma de 2,9 millones de la luxemburguesa Imison -la creada en 2001 por los Cotino y que en 2005 pasó a estar controlada por los presuntos colaboradores de Zaplana Joaquín Barceló y Francisco Grau-. Ese proceso de retorno del dinero desde el extranjero se encontró en un maletín del exministro, lo que para los investigadores permite entender el conjunto de evidencias.

Barceló y Grau se encargaban de administrar Medlevante, que a su vez participaba en la mercantil Gesdesarrollos Integrales con un 43%. Ésta contaba con participaciones en Costera del Glorio, perteneciente a Joaquín Barceló, y en Turnis Sylvatica, que controlaba Francisco Grau.

Un entramado financiero con el único fin, supuestamente, de blanquear el dinero para invertirlo en España . Cuando Imison pasa los 2,9 millones a Medlevante, lo hace en concepto de ampliación de capital, pero el grueso de esos fondos acaban en Gesdesarrollos, que se encarga de efectuar las inversiones.

Una de las operaciones más importantes en este sentido tiene lugar en 2006, cuando se inicia la compra dos parcelas en La Vila Joiosa , en las que pretendían construir unos apartamentos y un hotel. Se trataba de un terreno en proceso muy avanzado de reclasificación a urbanizable, pero se enquista y no es hasta 2014 cuando se consigue concluir. Posteriormente, ya en 2018, se urbanizó. La operación que llevó a Zaplana a la cárcel estalló en ese año, por lo que el «pelotazo» nunca se llegó a producir. Según Belhot, calculaba sacar alrededor de ocho millones de euros.

Otra inversión que no se consumó fue la del Puerto de Altea , donde el exministro quería invertir. La idea era comprar a Sabadell el crédito que mantenía por 1,8 millones y quedarse así con el 33% de la concesión del puerto. Posteriormente, llegarían a un acuerdo con otro accionista que también tenía el 33% y, de esta manera, se quedarían con la mayoría. Sin embargo, y pese a que los 1,8 millones llegaron a ingresarse en el Sabadell como garantía, el banco acabó negociando con otro grupo.

Por último, se encuentra la compra de dos apartamentos en construcción en esa misma zona en Altea con la intención de ponerlos en alquiler o venta. La crisis inmobiliaria y una ejecución hipotecaria que pesaba sobre los inmuebles paralizaron las obras y se acabó negociando su venta (algo que tampoco parece ser que se logró).

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