Caso AcuamedSeis desaladoras adjudicadas por el PSOE tuvieron un sobrecoste de 215 millones

La imagen del aeropuerto de Castellón «sin aviones» simbolizó el despilfarro de dinero público en España. El «aeropuerto del abuelo», como lo definió Carlos Fabra el día de su inauguración, supuso más de 155 millones de euros. Si lo comparamos con los 293 millones de una sola de las desaladoras adjudicadas e impulsadas durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, la planta de Torrevieja (Alicante) para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura, la fotografía sería bien distinta.

El «Informe de Fiscalización de los convenios de gestión directa vigentes entre las "Sociedades Estatales de Aguas" y el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino durante los ejercicios 2010-2011» del Tribunal de Cuentas incluido en el sumario del caso Acuamed

revelan unos sobrecostes de 214,88 millones de euros en seis desaladoras -Torrevieja, Valdelentisco, Águilas, Bajo Almanzora, Campo de Dalías y Marina Baja- aprobados por el Ejecutivo del PSOE antes de traspasar el poder al Partido Popular.

Hasta ahora sólo están siendo investigadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la planta de Torrevieja, con un sobrecoste de casi 39 millones de euros, y la de Bajo Almanzora, con un incremento del 31,2% por valor de más de 13 millones, pendiente de reparación desde septiembre de 2012 por los daños sufridos tras su inundación por unas fuertes riadas. No es la única que sigue sin servicio, tanto las desaladoras de Oropesa del Mar y de Moncofa en Castellón, como la de Sagunto en Valencia podrían estar operativas, pero nadie demanda agua desalada por los altísimos costes de producción.

Cuatro de ellas pagaron «mordidas» a Acuamed para sufragar una campaña publicitaria de 7,5 millones del Ministerio de Medio Ambiente dirigido por Cristina Narbona, a tan sólo unos meses de las elecciones generales de 2008. El «Programa Agua» fue la apuesta del Ejecutivo socialista como alternativa antagónica al trasvase del Ebro.

La planta del municipio de Águilas en Murcia, con una inversión de 275 millones de euros y un incrementó fiscalizado por el Tribunal de Cuentas de más de 37 millones, pagó en concepto de publicidad «a modo de colaboración» 1.293.400 euros como ya publicó ABC. A pesar de seguir la misma «operativa» que la «mordida de Torrevieja» -la UTE liderada por Acciona abonó tres facturas a Bassat por un total de 1.740.000 euros- como refleja un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estos pagos «injustificados y aumentados de forma ilícita» todavía no han sido investigados por Anticorrupción.

Es también el caso de la desaladora de Marina Baja (Alicante), con una ampliación presupuestaria del 13,60% lo que representa 7,29 millones, que contribuyó a la campaña en favor de la desalación con 348.000 euros. A esto se une el agravante de que le han retirado parcialmente los fondos europeos asignados ante la presión de Bruselas por las presuntas irregularidades cometidas por la sociedad estatal.

Tanto la desaladora de Valdelentisco (Murcia) como la de Campo de Dalías (Almería) no pagaron ningún «impuesto revolucionario», pero sí fueron las que tuvieron mayores sobrecostes. La planta de Almería tuvo un retraso de más de treinta meses y un incremento del 44%, casi 74 millones más hasta alcanzar los 240 millones de euros de inversión. Su puesta en marcha definitiva se consiguió a finales de 2015.

La del Campo de Cartagena tramitó un modificado por 34,69 millones de euros y la liquidación final ascendió a 10,17 millones. Esta desaladora ha tenido desde sus inicios una gran demanda de usuarios, ampliando su red de distribución. Presenta la singularidad de que los usuarios pagan el suministro por adelantado lo que facilita su explotación.

Durante el Gobierno de Zapatero se adjudicaron doce desaladoras, de las cuales diez se gestionaron a través de Acuamed. A las ya mencionadas se sumarían las plantas en Málaga de Marbella y El Atabal y la de Agua de Mar de Carboneras, en Almería. En total, según datos actuales de la empresa perteneciente al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, han supuesto una inversión pública de 1.797 millones de euros.

En sus conclusiones, el Tribunal de Cuentas apostilla de la etapa socialista de Acuamed que si «pretendía acentuar los principios de agilidad y eficacia en la actividad administrativa, las circunstancias expuestas conducen a poner en cuestión la idoneidad de los procedimientos de gestión. Se deberían efectuar una previsión más realista del diseño, los plazos y los costes de las actuaciones, minimizando las desviaciones en la ejecución de los presupuestos motivadas por errores».

Por ello no sólo está siendo investigado Arcadio Mateo, presunto cabecilla de la trama, sino también Adrián Baltanás y Carlos Massa, directores generales durante el mandato de Narbona frente al Ministerio.

A los sobrecostes habría que añadir los conflictos derivados del precio del agua que suponen un importante perjuicio para la Administración, al venderse por debajo de su coste. Y sin entrar en cuánto vale producir agua desalada, que daría para otro capítulo de estas moles de hormigón ubicadas a lo largo del Levante español en destacadas zonas turísticas. ¿Qué piensan ahora del aeropuerto de Castellón «sin aviones»?.