Desaladoras adjudicadas por Cristina Narbona pagaron «mordidas» a Acuamed

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Anticorrupción revela en el sumario del caso Acuamed el «impuesto revolucionario» pagado por distintas constructoras durante la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «a modo de colaboración», cuando faltaban cuatro meses para las elecciones generales de 2008. Las facturas abonadas a la agencia de publicidad Bassat Ogilvy realizadas directamente por empresas adjudicatarias de diferentes desaladoras, en proporción al importe del contrato, supusieron un total de 5.854.884,00 euros.

Tanto la Desaladora de Bahía de Alcudia (Sadyt y Sacyr), impulsada por la ministra Cristina Narbona en noviembre de 2005, como la de Alicante II (OHL y Construcciones Alpo-Sampol), de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, adscrita también al Ministerio de Medio Ambiente, pagaron «mordidas» a través de la campaña publicitaria «El mar, fuente inagotable de vida».

Según las facturas en poder de la UCO, la empresa estatal pidió a las constructoras ligadas a las desaladoras que financiaran el «Programa Agua», incluidas las desaladoras adjudicadas y gestionadas por el Ejecutivo de Zapatero. El caso Acuamed salpica directamente a la gestión socialista.

Compromiso verbal

Sin embargo, el informe sólo se centra en la UTE Torrevieja, integrada por Acciona Agua, Romymar y Acciona Infraestructuras, que pagaron el importe más elevado de las facturas: 1.740.000 euros. La constructora buscó desde 2008 fórmulas alternativas para que Acuamed hiciera frente a la reclamación del abono de los 1,5 millones de euros (sin IVA) en anuncios, un compromiso verbal que se transmitía a los distintos directores generales de la empresa pública. Finalmente, cuando se aprobó la liquidación de las obras de la desaladora de Torrevieja en diciembre de 2014, no se incluyó «ningún capítulo catalogado como publicidad».

Otras de las constructoras que pagaron la campaña a favor de la desalación fueron la UTE Desaladora Aguilas-Guadalentin (Sacyr y Ferrovial), 1.293.400 euros; UTE Desaladora de Oropesa (Técnicas Reunidas y Constructora Hispánica), 290.000 euros; UTE Pridesa Degremont, 278.400 euros; Aqualia Infraestructuras, 139.200 euros o FCC Construcción, 57.884 euros.

Estos pagos reflejados en el cuadro adjunto de la UCO aún no han sido investigados por Anticorrupción, que concluye que estas «empresas adjudicatarias de diferentes desaladoras en construcción realizaron el abono de facturas de publicidad», aunque todavía «no se poseen indicios o datos suficientes para afirmar que la operativa fuera la misma».

A mediados de noviembre, el juez Eloy Velasco interrogó como testigos tanto a Adrián Baltanás, nombrado director general de la empresa estatal durante la etapa socialista, como a Joan Navarro, director de relaciones institucionales de Acuamed y responsable operativo de la Comunicación del «Plan Agua» de Narbona. A este último lo señaló una técnico, Nuria Segura, durante su declaración el pasado febrero, cuando el magistrado le preguntó si esos pagos se hacían a requerimiento de Acuamed. «Yo no sé quién fue, si fue Joan Navarro o quién, pero se le solicitaba al contratista que lo pagara».

Segunda fase de la campaña

A principios de 2008, año electoral, Joan Navarro comunicaba a Bassat Ogilvy la adjudicación del concurso para la ejecución de la II Fase de la «Campaña Informativa sobre la desalinización», que impulsaba Acuamed en colaboración con AEDyR, Asociación Española de Depuración y Reutilización, con un presupuesto de 1.115.000 euros, «como resultado de los excelentes resultados de la primera fase».

Esta carta remitida por Acuamed llama la atención de la Guardia Civil, porque no ha encontrado documentos relacionados con el concurso de la Fase I, exceptuando un «briefing» informativo que podría considerarse «un pliego», cuando en realidad Acuamed tendría que haber licitado un contrato específico de servicios publicitarios.

Como responde Carlos Massa, sucesor de Baltanás en Acuamed, al juez sobre los pagos de las constructoras en publicidad, si era el 1% del valor del contrato: «No lo sé. Independientemente de lo que fuera, era un concierto inapropiado».