Puigdemont y Jordi Sànchez, en el Parlament - ABC

El pleno de investidura de Jordi Sànchez, pendiente del Tribunal Supremo

El exlíder de la ANC pide a Llarena que resuelva su permiso antes del lunes

MadridActualizado:

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dado cinco días a la Fiscalía y a la acusación popular que ejerce Vox para que informen sobre la petición de libertad de Jordi Sànchez. Esto supone que si las partes agotan este plazo, la respuesta del magistrado llegaría después de la convocatoria del Pleno del debate de investidura del propio Sànchez, lo que obligaría al presidente del Parlament, Roger Torrent, a aplazarlo si insiste en la candidatura de este imputado. Está convocado para el próximo lunes, 12 de marzo.

Para evitarlo, la defensa de Sànchez presentó ayer por la tarde otro escrito en el que pide al juez que, antes de resolver sobre su libertad, estudie con urgencia el permiso para acudir a la investidura; una decisión que, a diferencia de la libertad, sí puede tomar el juez sin preguntar a las partes, como en otras ocasiones. Los abogados solicitan que se resuelva antes del lunes.

Una vez que Torrent decidió proponer a Sànchez, el exlíder de la ANC preso desde hace tres meses, remitió sendos escritos al Supremo y al Constitucional. Al primero le volvió a solicitar la libertad y, en caso de que esta le fuera denegada, un permiso especial para asistir a su propio debate de investidura. Al segundo, le pidió la suspensión de su prisión mientras tramita el recurso de amparo que el líder independentista presentó contra la decisión de la juez Carmen Lamela (confirmada luego por el juez Llarena) de privarle de libertad. En esta última petición, alegaba que mantenerle preso no solo «afectaría de modo irreversible» a sus derechos individuales y a los de los ciudadanos que votaron su lista, sino que «tendría graves e irreparables efectos en el normal funcionamiento institucional» de la Generalitat, ya que «se estaría impidiendo la investidura de aquel candidato que cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara».

En el auto de ayer, el órgano de garantías recuerda que es reiterada jurisprudencia constitucional no suspender las medidas privativas de libertad aunque estas afecten de forma directa al derecho fundamental a la libertad personal. Los magistrados también han valorado que las decisiones adoptadas por el juez del Supremo no han sido recurridas en amparo y que, por lo tanto, no son objeto del recurso que tiene que estudiar el TC.

Quien sí se ha pronunciado veces anteriores sobre la libertad de Sànchez, y sobre la de los otros imputados, ha sido el propio Llarena, para denegarlas por riesgo de reiteración delictiva. En este sentido, fuentes del Supremo se muestran convencidas de que Llarena volverá a rechazar la excarcelación del líder secesionista.

Argumentan que si el juez ya apreció el riesgo de que Sànchez pudiera volver a delinquir aprovechándose de su capacidad para la movilización de las masas, esa capacidad se puede multiplicar exponencialmente si además es candidato a presidente. A ello se suma que es precisamente la persona elegida por Puigdemont para consumar la ruptura con el Estado.

Según ha podido saber ABC, la Fiscalía informará en contra de la libertad de Sànchez, argumentando que no han variado las circunstancias que lo mantienen en prisión. El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, negó ayer en el Congreso que en Cataluña se persigan ideas y que haya «presos políticos».