«No queda acreditada su participación en el delito cometido por su esposo»

Ríos de tinta durante años; acusaciones al fiscal Horrach de dar un trato distinto a la Infanta «por ser quien es»; complicadas construcciones jurídicas para sostener una acusación que desde el principio no tuvo ni pies ni cabeza, pero que fue acogida por muchos de forma entusiasta... Todo eso para que ahora, en apenas tres folios, el tribunal del caso Nóos haya despachado el asunto y confirmado lo que ya se sabía: que «del acopio probatorio practicado -sostienen las juezas- no resulta hecho alguno acreditado que permita adverar la participación de Doña Cristina de Borbón y Grecia en el hecho ilícito cometido por su esposo»; esto es, en el delito fiscal por el que se ha condenado a Iñaki Urdangarín.

La Sala comienza planteando que «para ser partícipe de un delito contra la Hacienda Pública se requiere una acción dirigida a la defraudación al erario público.

Tal acción podría revestir la forma de cooperación necesaria si se advierte la realización por parte del socio administrador de u n acto sin el cual el delito no se habría cometido; de complicidad si hubiera coadyuvado a su ejecución con actos anteriores o simultáneos; o de inducción al autor a cometer el delito».

Y añaden las magistradas: «Ninguna de esas formas de participación resultan del solo hecho de disponer de la condición de socio no administrador de la mercantil, que no ha participado en la gestión de la sociedad. Y, en tal sentido, estimamos que, cuando se trata de incumplimientos tributarios cometidos por personas físicas a través de la declaración del Impuesto de Sociedades cuando debieran haber declarado por IRPF, los socios que no tengan consideración de administradores ni ejerzan funciones de gestión de la sociedad no tienen encaje en ninguno de los supuestos de derivación de responsabilidad».

Es decir; el tribunal acoge exactamente los argumentos del fiscal, quien desde un principio sostenía que no se podía acusar a la Infanta por el simple hecho de ser socia de una firma al 50 por ciento con su marido si no se acreditaba una participación en la actividad de la misma. Y sobre eso, desde el principio, no había una sola duda: ella jamás había jugado papel alguno en Aizoon, la sociedad del matrimonio que utilizó su marido para cobrar ingresos que deberían haber tributado por IRPF, y no por el Impuesto de Sociedades.

Sobre este útimo asunto, la Sala destaca que «ninguno de los testigos deponentes, ni la secretaria personal de Urdangarín, ni tampoco Mario Sorribas atribuyeron a la acusada intervención alguna en la gestión de la mercantil ni actuación de la que pudiera inferirse que de un modo u otro influyera en la toma de decisiones. En idéntico sentido se pronunció el testigo Carlos Maciá Martí -el notario ante el que se firmó la constitución de Aizoon-, quien aseveró que Doña Cristina de Borbón y Grecia no participaba lo más mínimo» en esa sociedad.

La sentencia también entra a valorar la supuesta frase pronunciada por Miguel Tejeiro ante el citado notario en el sentido de que la presencia de Doña Cristina en Aizoon era para que sirviera como «escudo fiscal», una de las bases que sostenían las tesis de la acusación popular. De hecho, el propio Maciá Martí matizó en el juicio que esa era una interpretación suya y que se había limitado a desaconsejar que la Infanta figurara en la sociedad familiar.

«Ni clientes ni proveedores»

No solo eso; el tribunal añade que «los clientes y proveedores de los distintos proyectos no aluden a la participación de la Infanta en ninguno de los proyectos ni contrataciones realizadas. Ni consta acreditación alguna de su particiación en la actividad de asesoramiento realizada por su esposo para distintas mercantiles». Y remachan las juezas: «Tampoco puede derivarse tal hecho de la circunstancia de que dispusiera de capital de la mercantil para sufragar gastos domésticos ni del hecho de que suscribiera un contrato de arrendamiento de una estancia del domicilio familiar para destinarlo al domicilio social de la mercantil Aizoon».

De nuevo las magistradas lanzan un durísimo ataque a las argumentaciones de la abogada del pseudosindicato Manos Limpias, que, por lo demás y de forma muy sorprendente, fueron adoptadas como propias por el juez instructor, José Castro.

Por todo ello, «procede acordar su absolución, con todos los pronunciamientos favorables» y acabar de una vez con un asunto que, no conviene olvidarlo, dilató durante años una instrucción ya de por sí muy larga.