El expresidente catalán Artur Mas, durante su declaración como testigo este miércoles en el juicio del «procés» - EFE

Mas defiende el 1-O con un falso relato sobre los voluntarios del 9-N

Dice que Puigdemont «alteró» la hoja de ruta secesionista al covocar el referéndum

Multa a dos testigos de la CUP que se negaron a contestar a Vox y les avisa de una posible desobediencia grave

Juicio del procés en directo, la novena jornada

BarcelonaActualizado:

Fue el falso relato con el que el Govern que él presidía había tratado en vano de esquivar una condena por desobediencia en el juicio por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014: la fábula de que la Generalitat, supuestamente, había dejado en manos de la ciudadanía las riendas de la consulta independentista al ser suspendida por el Tribunal Constitucional. Pese a que la sentencia del caso ya desmintió esta versión al confirmar que «esos voluntarios estuvieron siempre bajo el control organizativo del Govern» –decía literalmente el fallo–, Artur Mas recuperó ayer en su testifical ante el Supremo este argumento para tratar de eximir de responsabilidades penales a los encausados por el 1-O.

«¿Quien retuvo finalmente el peso de la organización de ambas consultas? La gente organizada a nivel civil. Ahí estaba la prueba de que la Generalitat perdía el control y era relevada por esa sociedad organizada», insistió Mas. Y añadió que en el 1-O la «vinculación» de la Generalitat en la organización fue «incluso menor» que el 9-N. El principal responsable de la deriva independentista del nacionalismo catalán pretendía así apartar a los procesados por el «procés» del delito de desobediencia. Algo bien difícil cuando, a continuación, el propio Mas reconoció que «nadie –del Govern de Puigdemont– se apeó de la voluntad de llevar a cabo el referéndum». Pese a los avisos del Constitucional.

El expresidente también trató de alinearse con la defensa para orillar la acusación de malversación. Y por eso dijo que, en materia de financiación, la implicación de la Generalitat fue «claramente inferior o nula». Las acusaciones no piensan lo mismo.Mas se alinea ahora con las defensas, pero eso no implica que en su momento fuese partidario a variar la «hoja de ruta» con la que los independentistas se presentaron a las elecciones autonómicas de 2015, y en la que prometieron la independencia en 18 meses. Es de sobra conocido que el ya expresidente no veía con buenos ojos de que su sucesor promoviese un referéndum.

Ayer ante el tribunal fue tan explícito, pero sí admitió que Puigdemont «alteró la hoja de ruta» introduciendo el referéndum. Ha dicho en aquellos encuentros, en las que se decidía el futuro del «procés», que «no se oponía» a su celebración siempre que no se abandonara «un marco legal» que el Govern pudiera «controlar» para «convocar elecciones». Eran unas reuniones en las que no solo participaban miembros del Govern, sino otros afines al separatismo. Las acusaciones le dan una importancia vital a estos encuentros para diseñar la hoja de ruta separatista, que acabaría con el intento de secesión. Mas, en su declaración, rebajó la importancia de estas citas. Los tachó de reuniones «informales», en las que no había ni orden del día, ni actas, ni siempre iban los mismos.

Meses después, una vez celebrado el 1-O, y ante la tesitura de si declarar la independencia o convocar elecciones, Mas recomendó a Puigdemont la segunda opción para evitar el 155. Así pensaba también la excoordinadora general del PDECat Marta Pascal, según desveló ayer en su testifical. Explicó que entonces dijo a Puigdemont que los comicios era la opción de «algunos referentes políticos» de su formación. Debe recordarse que Pascual fue apartada de la primera línea de la formación heredera de Convergència por el entorno de Puigdemont.

«Desobediencia» de la CUP

Antes de Mas, abrió la ronda testificales el diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà. Y ante el carácter político de los testigos, el presidente del tribunal, Manuel Marchena, advirtió a las partes de que ciñeran sus preguntas a los hechos enjuiciados. «No queremos testigos opinadores», advirtió. El éxito de su aviso fue relativo. «No empezamos bien», dijo cuando Tardà empezó a declarar en catalán, algo que los testigos no pueden hacer (los acusados, sí). Y la temperatura subió ya por la tarde con la entrada en escena de los testigos Antonio Baños y Eulalia Reguant, exdiputados del a CUP en el Parlamento catalán. Por «dignidad democrática» se negaron a contestar a la acusación particular, representada por Vox.

Incluso ante la generosidad del juez de ofrecerse a ser él quien traslade las preguntas que el partido quisiera formular. Finalmente, la Sala acordó imponer una multa de 2.500 euros a los dos testigos. Y los magistrados dan a Baños y Reguant cinco días para que decidan si quieren volver para declarar. Si persisten en su negativa, el tribunal les denunciara al juzgado competente (deducirá testimonio) por desobediencia grave.