Juicio del «procés»
Un funcionario rechazó la factura de Unipost porque 238.965 euros era un importe «inusual y desmesurado»
Se retoma el juicio del «procés» con el foco puesto en los exconsejeros críticos con el Govern
Un técnico administrativo de la Generalitat ha reconocido este martes que en septiembre de 2017 rechazó el cobro de una factura de Unipost porque el importe, 238.965,37 euros , era «inusual y desmesurado», tanto que llegó a comentar esta «anécdota» con sus compañeros, aunque no con sus superiores.
Unipost es la empresa de correos a la que la Generalitat hizo el encargo de repartir los sobres y papeletas para el referéndum del 1-O , un trabajo al que la Generalitat habría destinado fondos públicos que integrarían el delito de malversación común a todos los miembros del anterior Govern que se sientan en el banquillo de los acusados.
El funcionario David Badal , segundo testigo en el juicio del «procés» tras el parón de Semana Santa, ha señalado ante el tribunal que no era la primera vez que rechazaba una factura de Unipost porque no era excepcional que esta empresa de mensajería cometiera errores de facturación, como fue este caso, ha dicho, en el que el periodo de facturación que figuraba «era de un solo día».
Por su parte, el exsecretario de Gobierno de la Generalitat Joan Vidal , quien se encargaba de coordinar la acción jurídica del ejecutivo autonómico, ha atribuido su decisión de dejar su cargo en julio de 2017 a una «decisión personal», a su deseo devolver a la actividad privada.
Vidal ha desvinculado esta circunstancia del camino sin retorno emprendido por el expresidente Carles Puigdemont , una deriva que llevó a bajarse del tren, precisamente también durante esos días, a cuatro consejeros sustituidos por los que hoy se sientan en el banquillo. El testigo ha sostenido que cuando él cesó lo único que a él le constaba era la «voluntad de celebrar un referéndum pactado».
Declaración de Aragonés
El juicio a los líderes del «procés» retoma hoy sus sesiones con una jornada de alto voltaje político. A cinco días de las elecciones generales, altos cargos catalanes –antiguos y actuales– comparecen en el Tribunal Supremo como testigos, para ayudar a esclarecer lo sucedido en Cataluña durante los meses previos a la declaración unilateral de independencia. Uno de ellos es el actual número dos de Quim Torra, Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat, que ha sido citado por su condición de secretario de la Consejería de Economía durante el plan secesionista ilegal. Tras el parón por las fiestas de Semana Santa, y después de cientos de testimonios de policías y guardias civiles que participaron en las jornadas clave de la rebelión que se juzga , la vista cambia el paso y vuelve a mirar a los políticos.
Además de Aragonés, la atención se centrará hoy en los tres antiguos consejeros de la Generalitat que se bajaron del barco en julio de 2017, cuando Carles Puigdemont pidió cierre de filas ante el sprint final del plan secesionista ilegal, con las leyes de ruptura, el referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia.
Se trata de Jordi Jane, ex consejero de Interior; Meritxell Ruiz, ex consejera de Presidencia; y Jordi Baiget, ex consejero de Empresa. Sus tres respectivos sustitutos aceptaron las tesis de Puigdemont y se encuentran sentados hoy en el banquillo de los acusados: Joaquim Forn, Jordi Turull y Santi Vila . La declaración de Jane, el único de los tres citados por la mañana, también ha sido precisamente solicitada por el abogado de Forn, que buscará difuminar el perfil radical de su representado.
Estrechamente vinculada a la dimisión de Jane está la del exdirector de los Mossos d´Esquadra Albert Batlle, cuya declaración también está prevista para hoy. Durante la instrucción de la causa, el antecesor de Pere Soler dejó claro que presentaba su dimisión porque Forn le dijo que desde Interior se iban a poner todos los medios para facilitar el referéndum del 1-O. Su testimonio será crucial para establecer el papel que jugó la policía autonómica en el plan secesionista y si las acusaciones de pasividad –cuando no connivencia con los independentistas– y seguimientos a miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil fueron hechos puntuales o si Forn puso a los Mossos al servicio del plan rupturista.
La que no declarará, pese a estar previsto, es la intendente de los Mossos Teresa Laplana, en relación con el asedio a la Guardia Civil el 20-S ante la Consejería de Economía. El tribunal ha dejado sin efecto su citación como testigo al haber manifestado su intención de no declarar porque está procesada por estos hechos en la Audiencia Nacional. Pese a encontrarse en la misma situación procesal, su jefe, el mayor Josep Lluis Trapero, sí trató de defenderse en el Supremo semanas atrás. Lo hizo respaldando la actuación de la policía autonómica, revelando que los miembros del Govern estaban advertidos de que el 1-O generaría episodios de violencia e incluso destapando la existencia de un plan para detener al expresidente Carles Puigdemont si así lo ordenaba la autoridad judicial. Laplana está procesada por sedición por desoír las advertencias y peticiones de ayuda de la Guardia Civil ante el asedio de la multitud que se agolpó ante la Consejería de Economía de la Generalitat para protestar por el registro judicial que se estaba llevando a cabo.
Al igual que Laplana, y por los mismos motivos expuestos, el tribunal también ha dejado sin efecto las declaraciones de Francesc Sutrias, exdirector de Patrimonio de la Generalitat; Josue Sallent, ex director de Estrategia e Innovación en el CTTI; Lluis Salvadó, ex consejero de Hacienda y mano derecha del entonces vicepresidente Oriol Junqueras , y Rosa María Rodríguez, ex directora de servicios de T-Systems.
Testigos de las defensas
A partir de mañana por la tarde empezarán a desfilar los testigos propuestos por las defensas, que podrían acompañar las tesis de los abogados de los doce acusados, que están siendo juzgados por empujar hacia la independencia por las vías ilegales, alentando una insurrección contra el Estado. Los primeros testigos exclusivos de las defensas serán Jordi Solé, diputado del parlamento europeo por ERC; el actual consejero de Exteriores de la Generalitat Alfred Bosch ; y Anna Teixidó, del gabinete de relaciones externas y protocolo de la Generalitat. Los tres estuvieron presentes en la Consejería de Economía el 20 de septiembre , cuando una masa de militantes impedió la salida de la comitiva judicial, y su citación ha sido solicitada por la defensa de Oriol Junqueras y Raül Romeva.
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