Canarias registra 1.008 inmigrantes a mediados de febrero frente a los 66 de hace un año
Medio centenar de expulsados fueron llevados el lunes a Mauritania en un vuelo de Frontex
El año pasado, a 15 de febrero se habían interceptado en el archipiélago canario 66 inmigrantes irregulares, este 2020 se han contabilizado 1008 en la misma fecha. Son datos oficiales que constatan el regreso de las pateras a las islas españolas del Atlántico tras el práctico sellado de la ruta mediterránea. Es un 1.427,3% más. La estadística se ha cerrado dos días antes de que este lunes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska reclamara en reunión en Madrid con el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, y con la comisaría de Asuntos de Interior, Ylva Johansson, «superar el principio de responsabilidad de país de primera entrada» -circunstancia que comparten España, Italia o Grecia- y avanzar en «el reparto equitativo de la solidaridad entre estados miembro».
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Las cifras se conocían a la misma vez que la televisión pública canaria difundía ayer que España devolvió ese mismo lunes a Mauritania desde Tenerife a medio centenar de inmigrantes irregulares en el tercer vuelo de estas características que la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) fleta desde la islas desde que comenzó 2020. Los dos anteriores tuvieron lugar en enero con 46 y 27 expulsados a bordo , todo ello en cumplimiento de un acuerdo bilateral de 2003 por el que Mauritania readmite a inmigrantes llegados al archipiélago que salieron desde sus costas, sea cual sea su nacionalidad.
Dublín, una reforma por ver
La petición de Grande-Marlaska en búsqueda de una solidaridad europea cobra todo su sentido en el marco de la revisión de la política de inmigración y de las reglas de asilo que la UE tiene pendiente desde la crisis de los refugiados de 2015, cuando la Unión se planteó poner en marcha una nueva estrategia capaz de aliviar la presión sobre los países en primera línea de inmigración mediante el reparto de la responsabilidad de acogida entre todos los estados. Esta reforma, que en términos abreviados se conoce como la del Reglamento de Dublín, ha chocado sistemáticamente con la negativa firme de países como Hungría a implicarse en un nuevo mecanismo de solidaridad, lo que llegó a bloquear la negociación durante la última legislatura europea.
La exigencia de España y el resto de estados convertidos hoy en entrada natural de la inmigración irregular quieren dejar de ser los únicos encargados de procesar y asumir la acogida de los demandantes de asilo que llegan a suelo comunitario, tal y como hoy manda la normativa de Dublín. A la espera de sondear a todos los miembros, la posición de Schinas -griego y conservador- expresada el pasado diciembre fue la de afirmar que «el pacto tendrá como base la solidaridad o no tendrá ningún sentido», al tiempo que anunció que la discusión no seguiría en el punto en que se detuvo antes de las elecciones comunitarias, sino que la misión se retomará «desde cero».
