Interior: Estrasburgo ha puesto la violencia como límite en las vallas
Marlaska esquiva decir si el Gobierno tumbará las devoluciones en caliente como prometió
Diecinueve meses del gobierno socialista fiando si cumplirán o no la promesa de Pedro Sánchez de eliminar las «devoluciones en caliente» de inmigrantes a lo que dijera la justicia europea, y ahora que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha avalado con carácter definitivo esa práctica , el Ejecutivo todavía no sabe por dónde salir. Un silencio que sin duda tiene de fondo la coalición con Podemos -por otro lado, estratégicamente desaparecido de este debate- pero también la evidencia de la enésima contradicción entre lo que el líder del PSOE dice y lo que luego hace.
En su primera comparecencia importante tras conocerse el pasado jueves ese fallo de Estrasburgo, el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esquivó ayer en sede parlamentaria hacer referencias alguna a la resolución sobre las expulsiones exprés en su primera intervención inicial -una hora exponiendo su programa para la legislatura- y aún responder las preguntas expresas que les dirigieron diferentes fuerzas políticas. Y no solo de oposición. Su aliado, el PNV, le preguntó si el Ejecutivo «va a generalizar las exclusiones en caliente», para lo que no hubo respuesta.
Marlaska no hizo alusión a esta figura ni por su nombre legal, «rechazos en frontera» y únicamente al término se vio en la obligación de mencionar que la sentencia de Estrasburgo «viene a manifestar que la violencia es un límite para el ejercicio de los derechos fundamentales en la frontera» y que España «cuenta con los mecanismo suficientes para la asistencia en frontera de a las personas solicitantes de protección internacional», si bien segundos antes había admitido que esos recursos son «mejorables».
Pistas que, en todo caso, apuntan a que el Gobierno está cómodo con el pronunciamiento europeo y las entregas sumarias a Marruecos que tanto satanizaron antes de llegar a La Moncloa se van a quedar como están, o muy cerca.
El interés máximo de la cita parlamentaria de ayer estaba puesto en este aspecto, clave en la política migratoria española y aún también en la reforma pendiente de la Ley de Seguridad Ciudadana que dio soporte legal a las devoluciones en caliente en 2015 -aunque vienen ejecutándose desde dos décadas atrás-, un texto que el PSOE llevó ante el Tribunal Constitucional, entre otros, con la intención deliberada de tumbar esta práctica. Ayer, sin entrar en ningún detalle, Marlaska volvió a repetir el mantra de que van a «derogar» esa normativa «fallida» y sustituirla por otra «consensuada». En sentido estricto, esta ley no es derogable, en tanto contiene regulaciones vitales para la lucha antiterrorista, como la del control sobre sobre armas, explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería, este último sin precedente normativo.
De la trascendencia que el propio Ministerio da a las cuestiones migratorias da cuenta el hecho de que las medidas dirigidas a custodiar las fronteras y cooperar con los países de origen y tránsito ocupan buena parte del capítulo «Entorno seguro», primero de los tres en los que se estructura el «Modelo de Seguridad 2030» que Fernando Grande-Marlaska quiere implantar y que ayer quiso desmenuzar.
En ese marco, no obvió recordar las obras de modernización que están sirviendo para retirar las concertinas de las vallas de separación de las dos Ciudades Autónomas con Marruecos y confirmar algo que ya anunció hace un año, precisamente durante una visita a Ceuta: que la nueva barrera alcanzará los diez metros de altura en los puntos más vulnerables. Cómo se configurará y qué materiales se instalarán en sustitución de los alambres de cuchillas es un enigma que el ministro tampoco quiso despejar y que Vox le preguntó directamente.
Sin plazos concretos
La liturgia de estas comparecencias iniciáticas de legislatura marca que hay que sembrarlas de anuncios, aunque nunca acompañados de plazos demasiado concretos , como reprochó la oposición. Entre los que se escucharon ayer están el de impulsar una reforma del Sistema de Asilo o una nueva ley orgánica general Penitenciaria que sustituya a la actual, de 1979.
En el marco de la lucha contra el terrorismo se va a impulsar un plan específico para combatir su financiación y el ministro mencionó la integración de las policías autonómicas -hoy solo lo está la Ertzaintza- en los «procedimientos, bases de datos y grupos de trabajo» del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Al margen, también avanzó que se reformará la ley de Víctimas del Terrorismo con objetivos como los de «introducir mejoras económicas, derechos a la justicia y protección psicosocial».
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