El Gobierno oculta las devoluciones en caliente de 2019 que prometió derogar
Un fallo del Tribunal de Estrasburgo marcará hoy si el Ejecutivo abre o no la vía para suprimir esta práctica
En el año 2017 se ejecutaron 607 rechazos de inmigrantes en frontera. En 2018, con Pedro Sánchez ya en La Moncloa desde junio, fueron 51 más, en total 658. No hay cifra para 2019 porque el Gobierno ha rehusado facilitarla, quizás por ser un dato que podría revelar que las «devoluciones en caliente» han continuado a niveles similares o superiores, lo que dejaría en evidencia el giro entre el discurso del PSOE antes de llegar al poder -el de la derogación de esta práctica- y el de después, con el que ha amparado las expulsiones exprés con igual o mayor fuerza que el PP. Hasta el punto de que el abogado del Estado mandado por este Ejecutivo defendió ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que en las entregas de inmigrantes a Marruecos no hay una «expulsión» sino una «prevención de entrada», habida cuenta -dijo- de que saltan las vallas, pero no atraviesan «la linea policial». Ni el propio Jorge Fernández Díaz, ex ministro del Interior de Mariano Rajoy y padre de la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana que legitimó en 2015 los «rechazos en frontera», lo hubiera explicado mejor.
La incoherencia
Hoy, la Gran Sala del mismo alto tribunal europeo hará público si ratifica o no la condena que emitió contra España en 2014 por dos de estas entregas. Es el fallo en cuya espera se ha refugiado el Gobierno para no borrar ni una coma de una disposición que prometió suprimir y de la que, muy por el contrario, ha hecho un uso, cuanto menos, más ostentoso que las autoridades precedentes.
La primera ocasión se presentó pronto, apenas 50 días tras la toma de posesión de Sánchez, un 26 de julio de 2018, cuando 600 personas lograron asaltar la valla de Ceuta y 27 fueron devueltas a Marruecos in situ. Se hizo como ha funcionado desde 1995, -año a que se remonta esta práctica, con Felipe González como Presidente, aunque no hay tenido soporte jurídico hasta dos décadas después-: la Guardia Civil les interceptó en las alambradas, abrió las puertas que conectan con el otro lado y fue entregando inmigrantes a los gendarmes marroquíes.
La respuesta entonces del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska calcó ya los argumentos de su antecesor: «No se ha cometido ninguna irregularidad en base a la legislación vigente. Han sido devoluciones en frontera, sin que se haya pisado suelo español». Esta y posteriores declaraciones siguen chocado con la reiterada firmeza que mantuvo Pedro Sánchez contra las expulsiones exprés mientras estuvo en la oposición. «Nosotros siempre nos hemos opuesto a las devoluciones en caliente», proclamó en 2015, cuando el PSOE, del que ya era secretario general, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la mencionada Ley de Seguridad, aún no resuelto. «Pedimos la derogación total de la Ley Mordaza y rechazamos rotundamente las devoluciones en caliente», insistió en twitter en 2017, tras perder las primeras elecciones contra Rajoy.
Hasta hoy, estas operaciones de retorno en las vallas siguen existiendo y no se ha dado orden a la Benemérita en contra, amén de lo cual el Ejecutivo ha activado otras modalidades de devolución -como hacer que los medios de rescate de Rabat se lleven directamente a 40 llegados a las Islas Chafarinas, el pasado 3 de enero- o recurrir al menos dos veces (agosto y octubre de 2018) a un remoto acuerdo de readmisión de 1992 para que el país vecino aceptara a 116 y 55 subsaharianos. A lo que el PP no se atrevió nunca.
Coincidiendo con el pronunciamiento del TEDH, Grande-Marlaska estará hoy en Canarias analizando con el gobierno autonómico el incremento en la llegada de pateras, 18 veces superior en enero al mismo periodo de 2019.
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