El Tribunal Constitucional, a la espera de Estrasburgo para decidir si tumba las «devoluciones en caliente»

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dará a conocer este jueves un fallo que puede condicionar la política migratoria de España sobre las «devoluciones en caliente» sin que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga que «mojarse». La Gran Sala de Estrasburgo tiene previsto comunicar en una vista pública si ratifica la sentencia de este mismo tribunal que en octubre de 2017 condenó a España por devolver a Marruecos a dos inmigrantes en la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014. El tribunal europeo consideró que esa devolución fue contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos y condenó al Estado a indemnizar con 5.000 euros por «daños morales» a los demandantes , un ciudadano de Mali y otro de Costa de Marfil, representados por el abogado Gonzalo Boye, hoy letrado del prófugo Puigdemont.

Según ha podido saber ABC de fuentes del Tribunal Constitucional, el propio órgano de garantías está pendiente de la decisión de Estrasburgo para resolver en un sentido u otro el recurso sobre la ley de Seguridad Ciudadana interpuesto en junio de 2015 por la mayoría de los grupos de la oposición, entre ellos el socialista. Uno de los preceptos impugnados es la disposición final primera de esa ley, que establece que los extranjeros detectados en la frontera con Ceuta o Melilla pueden ser rechazados «mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos (...) a fin de impedir su entrada ilegal en España».

Por lo pronto, y antes incluso de que Estrasburgo decida, el magistrado del TC Fernando Valdés, a quien ha correspondido la ponencia de ese recurso de inconstitucionalidad, ha elaborado un texto favorable a que se declare la nulidad de esta disposición con la que se modificó la ley de extranjería. En él, el magistrado progresista considera que la ley vulnera el marco constitucional al aplicar a los afectados un procedimiento carente de tutela judicial efectiva.

Pese a que el Gobierno cambió de color mientras se tramitaba el recurso interpuesto por el Ejecutivo de Rajoy contra la sentencia que condenó a España, Pedro Sánchez no lo retiró y, tras pedir una prórroga a Estrasburgo para revisar la postura de España, decidió seguir adelante y rebatir aquel fallo ante una instancia superior, en esta ocasión, una sala formada por 17 jueces, la que se pronunciará mañana.

En su escrito, la Abogacía del Estado negó así la irregularidad de estas devoluciones y diferenció ante la Corte europea el término «expulsión» de la «prevención de entrada» . Los dos inmigrantes perpetraron un «ataque violento e ilegal al sistema de control fronterizo», argumentaron los servicios jurídicos. En esta idea había incidido en su voto particular a la sentencia que condenó a España el juez Dmitry Dedov, compañero en el tribunal del español Luis López Guerra. Dedov recordó que los asaltantes superaron la frontera ilegal y violentamente y mostró su «inquietud» por que Estrasburgo reaccionara de forma tan contundente con España pese a la gravedad de la conducta de los demandantes.

Lo cierto es que la situación política en el último año y medio en España ha cambiado sustancialmente y hoy, con Podemos formando parte del Gobierno de Sánchez, un pronunciamiento de Estrasburgo que ratificara la sentencia de 2017 y condenara, por tanto, las «devoluciones en caliente», no sería mal visto por el ala más radical del Ejecutivo , que al fin y al cabo saldría airoso de este trance al lograr una reforma de la política migratoria justificando que le «viene impuesta» por Europa. El mismo argumento utilizado para justificar la reforma del delito de sedición o al que de forma engañosa aludió el vicepresidente Iglesias en su campaña de descrédito al poder judicial español.