El desorden migratorio europeo: la UE se prepara para reforzar el control de las fronteras exteriores
La nueva presidenta de la Comisión viene con la experiencia de la crisis de 2015
La crisis política que se desencadenó en 2015 con la llegada masiva de refugiados de la guerra de Siria fue sin duda la prueba más grave para las estructuras institucionales de la Unión Europea . Todo el sistema de libre circulación basado en el Tratado de Schengen estuvo a punto de saltar por los aires mientras los gobiernos se enzarzaban en una disputa nunca vista hasta entonces, ante la impotencia de la Comisión Europea por imponer su sistema de cuotas de acogida obligatorias. El fenómeno de la inmigración ilegal es diferente, pero ha sido amalgamado en las sociedades europeas que se desgarran entre aquellos que creen que la solución es la de seguir enviando barcos de rescate al Mediterráneo mientras otros asisten con entusiasmo al ascenso de fuerzas populistas que se aprovechan de la situación.
Durante toda la legislatura pasada, la Comisión fue incapaz de imponer una reforma al reglamento de Dublín que establece que el país por el que una persona ha entrado en Europa es el responsable de acogerlo o de decidir si se le concede el estatus de asilado, lo que hace que todo el peso de la gestión de millones de personas recaiga en los países del sur, incluyendo a Grecia, que desde hace más de una década está tratando de salir de la ruina financiera. La nueva presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen , conoció en primera persona la crisis de los refugiados en Alemania y está decidida a hacer de la inmigración uno de los elementos centrales de su programa.
El panorama que le deja la Comisión saliente está basado en todo lo que se dijo que no sería la política europea de inmigración y que se basa en el refuerzo rotundo de la solidez de las fronteras exteriores, para salvaguardar la libre circulación y la desaparición de los controles interiores. Por primera vez se va a dedicar un presupuesto específico para el despliegue de unos 10.000 guardafronteras de la agencia Frontex, que ya han empezado a ser contratados.
A la Comisión tampoco le ha salido bien su política de imponer a los países terceros una cláusula de readmisión de los inmigrantes ilegales. Por ahora, todos los países que juegan un papel esencial en la emisión de inmigrantes sin papeles se han negado a firmarla y las dos docenas que lo han hecho no representan una amenaza verdadera en este campo.
Por ahora, la única receta que ha probado su eficacia para regular la llegada de inmigrantes económicos o de demandantes de asilo ha sido la subcontratación de terceros países. La Comisión de Jean-Claude Juncker lo hizo con Turquía a cambio de 6.000 millones de euros y a través de un polémico «contrato» de «prestación de servicios», y lo hace ahora con Libia, un país del que lo menos que puede decirse es que está a años luz de ser fiable desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos.
Recortes en el presupuesto
Así las cosas, la decisión de reforzar las fronteras exteriores se ha tomado porque en estos momentos, y a pesar de todo lo que se diga oficialmente, es el único común denominador de los Veintisiete. El dinero necesario procederá del recorte en las grandes políticas que salen del presupuesto comunitario: la agrícola y la de cohesión. En el marco presupuestario 2021-2027 este será uno de los cambios más importantes en las últimas décadas.
Sin embargo, es un hecho que todos los expertos, demógrafos, esconomistas y sociólogos coinciden en recordar que Europa necesita inmigrantes para combatir su envejecimiento galopante. La cuadratura del círculo es la nueva vicepresidencia que ha creado Von der Leyen y que ha llamado «Defensa del Modo de Vida Europeo», una denominación que incluye todo lo que quiere hacer encajar en la gestión del fenómeno migratorio: tratar de regularlo sin que ello acabe aprovechando a los partidos nacional populistas, que por ahora han sido los principales beneficiarios de la sensación de temor que se ha extendido en muchas sociedades europeas. En ocasiones, este fenómeno se produce con más fuerza en países con una baja proporción de extranjeros como Italia (poco más del 8%) que en otros como Irlanda, donde llega al 15%. En aquellos donde sus gobiernos han sido más rigurosos al oponerse a la llegada de inmigrantes los porcentajes son menores, como en el caso de Polonia, donde no llega al 2%, o en el de Hungría, donde representa un módico 5%.
En todo caso, se trata de un problema europeo y la Unión no ha encontrado todavía un mecanismo para hacerle frente que combine protección y solidaridad con la estabilidad política.
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