La justicia comienza a investigar la venta del Popular pero rechaza suspenderla ya
Comienza la batalla judicial por la adjudicación por un euro al Santander
La Audiencia Nacional ha rechazado suspender ya, de forma « urgentísima », la adjudicación del Banco Popular al Banco Santander por un solo euro; pero ha admitido a trámite uno de los recursos que ha recibido por la resolución de la entidad financiera, un paso que abre una larga batalla judicial que definirá el destino del Popular y que podría paralizar su integración si se considerase nula.
El recurso admitido a trámite –uno de los muchos sobre la mesa de la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según fuentes jurídicas– ha sido presentado por un selecto grupo de accionistas españoles del Popular, que suman un 2% del capital y en el que hay algún miembro del consejo de administración, representados por el despacho de abogados Ontier, que también ha sido contratado por el accionista mexicano Antonio del Valle, el principal opositor a Ángel Ron, el expresidente de la entidad.
Un grupo de inversores mexicanos liderados por Del Valle, que se quedó con un 4,2% del capital y que perdió unos 550 millones de euros con la resolución del Popular, planea interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, antes de que finalice el plazo para ello . Este recurso, según ha podido saber ABC, se dirigiría contra la Junta Única de Resolución (JUR) comunitaria, quien instó al FROB a ejecutar la operación de resolución del Popular.
Esta avalancha en los juzgados era previsible después de que tanto los accionistas, como los titulares de deuda subordinada y CoCos, perdieran toda su inversión el pasado 7 de junio e inmediatamente anunciaran medidas legales. Ahora, coincidiendo con la expiración del plazo para presentar los recursos, los escritos comienzan a materializarse.
Fuentes jurídicas han explicado a ABC que la mera admisión a trámite del recurso de los accionistas españoles debería paralizar que se consume la integración del Popular , un freno que debería atar las manos del FROB y, en consecuencia, del Santander. Las fuentes consultadas señalan que si el Santander sigue adelante con sus procesos de integración operativos o realiza cambios en el balance del Popular (vendiendo, por ejemplo, parte de sus activos inmobiliarios al fondo de inversión Blackstone) se generarían daños «irreparables».
Ello se debe a que, tras la admisión a trámite, la Audiencia Nacional deberá decidir si aplica las medidas cautelares solicitadas, como la suspensión de la integración, y resolver más adelante el fondo del asunto : decidir si la operación fue o no nula. La suspensión «cautelarísima», con caracter de urgencia, que se ha denegado, suponía tomar la decisión sin escuchar las alegaciones de la otra parte.
Hoy mismo, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), en representación de 3.000 accionistas afectados, interpondrá un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) para impugnar la resolución del Banco Popular por la Junta única de Resolución (JUR).
Los argumentos jurídicos expuestos desde Aemec se centran en que el régimen de resolución de entidades previsto en el Reglamento 806/2014 ha situado a los afectados en una situación de «indefensión flagrante, al ser gravemente contrario a los derechos fundamentales reconocidos por el Derecho originario de la UE». Además, «no reconoce el pago de compensación a los accionistas y acreedores, ni les confiere trámite de audiencia». También señala que la situación patrimonial del Banco Popular «en absoluto» justificaba la medida «extrema» tomada por la JUR, ni en términos de solvencia ni de liquidez.
«La resolución fue fruto de una falta evidente en el ejercicio de la vigilancia prudencial ordinaria de la entidad por los reguladores. Estos disponían desde mucho antes de la supuesta situación de crisis de un Plan de Recuperación y Gestión del Banco , así como de un Plan de Liquidez plenamente respaldado por activos descontables», indicó. No obstante, este recurso no tiene como fin conseguir la nulidad de la resolución, sino conseguir una compensación económica.
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