Un gobierno para rematar las tareas económicas pendientes

Los deberes económicos

Cuando el futuro Gobierno haya atravesado una maratón de pactos para conseguir los apoyos necesarios y se siente en el sillón del poder, se encontrará sobre la mesa una montaña de tareas económicas por hacer. Unas más urgentes, otras más necesarias. Los primeros cien días de Gobierno ya están copados en la agenda. El tour de la legislatura comienza con la etapa a contrarreloj de la aprobación de los Presupuestos para 2017, que tienen que estar en el horno para octubre y así seguir el ritmo marcado por Bruselas.

Las cuentas públicas serán la primera prueba de fuego para testar la fiabilidad de la red de aliados políticos que tejerá el próximo Ejecutivo. Pero los Presupuestos, con las medidas en dinero contante y sonante, también servirán como pista inicial del rumbo que imprimirá el timón económico del nuevo Ejecutivo para la legislatura.

Tras este primer toque de urgencia, el Gobierno se encontrará con una lista de tareas compuesta por reformas iniciadas y otras que siguen intactas en el cajón. Ajustes pendientes que vuelven a cada legislatura, y que comienzan en casa: desde la eterna reforma de la Administración pasando por la continúa reducción del déficit -acuciada por la posible multa a España por incumplir el objetivo de 2015 que Bruselas sopesa-, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la acuciante contención de la deuda pública, que ha preforzado el umbral del 100% del PIB. A ello se le une la necesidad de hacer comprensible el modelo de financiación autonómica.

El Ejecutivo deberá fijar la dirección hacia la que tiene que avanzar la recuperación. El empleo aparece como la primera prioridad, empezando por la lucha contra el abuso en la temporalidad y los perennes contratos de obra y servicio. La siguiente tarea pasa por diseñar el modelo productivo para las próximas décadas, una tarea que comienza en las aulas. Pero los obstáculos no solo descansan en los cimientos de la economía. Autónomos y emprendedores urgen a eliminar trabas a la actividad. Los gobiernos cambian, pero muchos de estos problemas se eternizan. «España hay que simplificarla, pero los que tienen que hacerlo viven de la complejidad», resume el catedrático de Economía Aplicada José María O’Kean.

Ajustar el déficit, contener la deuda

Bruselas no multará a España por déficit excesivo, pero sí pedirá a España más reformas. La Comisión fijará va a fijar la nueva ruta a seguir en los próximos años para recobrar el equilibrio de las cuentas públicas. Así, el Ejecutivo que salga de los pactos deberá asumir la reducción del déficit como una de sus tareas prioritarias. El ajuste de las cuentas públicas será el eje sobre el que inevitablemente volverán a pivotar el resto de políticas del Gobierno. Y es la única receta para reducir una deuda pública que pesa ya más del 100% del PIB.

El primer ajuste será reducir los números rojos desde el 5% al 3,6% del PIB. «En los cinco primeros meses del año, la Administración estatal ha tenido más déficit que el previsto para todo el año. Es fundamental que esto se equilibre», asegura José María O’Kean, catedrático de Economía Aplicada. Lo cierto es que el primer recorte deberá encajarlo el propio Estado, que en 2016 ha bajado sus ingresos por la reforma fiscal. Pero también deberán asumir ajustes las comunidades. La propia Comisión pidió a España que asegure el rigor fiscal de las regiones y garantice el pago en tiempo a sus proveedores, lo que podría concluir en una retención de recursos inminente para Aragón y Extremadura. Pese a todo, las regiones cuentan con un colchón de más de 7.000 millones en recursos adicionales de financiación que recibirán este año.

El profesor emérito de Economía del IESE Juan José Toribio tiene clara la receta: «Hay que volver al calendario de reducción del déficit que inicialmente teníamos marcado y hay que tomarse más en serio este asunto. En mi opinión, la Comisión Europea va a ser ahora más estricta con la consolidación fiscal de los países incumplidores. Y es que el Brexit está poniendo a prueba la fortaleza de la Unión y la propia Merkel ya ha advertido de que hay que responder con una mayor integración. Para ello, el cumplimiento de los objetivos es fundamental. Además, los mercados pueden empezar a penalizarnos».

Aprobar los Presupuestos de 2017

Aprobar los Presupuestos de 2017 será el primer paso formal del nuevo Ejecutivo y será también una prueba de fuego tanto para los mercados como para las instituciones que siguen muy de cerca la evolución de España. Las cuentas públicas para el próximo año tienen que estar aprobadas -o al menos esbozados- para el próximo mes de octubre.

Ante este calendario, en el Ministerio de Hacienda ya llevan tiempo trabajando en las cuentas, para no perder más tiempo en caso de que el Partido Popular repita al frente del Ejecutivo. No obstante, todo está abierto y las líneas maestras dependerán del gobierno que finalmente se forme tras las negociaciones abiertas.

El punto de arranque del nuevo Ejecutivo será aprobar en las Cortes el techo de gasto. La Ley de Estabilidad de 2012 recoge que el Senado debe validar el límite al gasto de los Presupuestos, por lo que sea cual sea el color del siguiente Gobierno deberá contar con el beneplácito de los populares, ya que el partido cuenta con mayoría en la Cámara Alta.

Y si se diera el caso de que el Senado lo rechazara, el techo de gasto no volvería al Congreso de los Diputados, sino que el Ejecutivo debería presentar una nueva propuesta en el plazo máximo de un mes. Además las Cortes deberán aprobar los objetivos de déficit público, el caballo de batalla de la economía española.

Transmitir confianza a los mercados

Los mercados viven estos meses un periodo de gran inestabilidad. El triunfo del Brexit en el referéndum celebrado en Reino Unido activó todas las alertas y la aversión al riesgo se disparó. España volvió a centrar los recelos de los inversores hacia su deuda y, en la jornada previa a las elecciones, la prima de riesgo se disparó. Los resultados de las urnas concedieron una tregua y, de hecho, julio, ha comenzado con una fuerte bajada de la prima. En concreto, el diferencial entre el precio de la deuda soberana española y el del «bund» alemán se ha reducido hasta los 117 puntos, tras caer más de quince, lo que la situó en su nivel más bajo desde mediados de enero. «El Gobierno deberá confirmar este mensaje de tranquilidad que supuso el resultado de las urnas con anuncios de políticas que vayan en la dirección que esperan los mercados», advierte Toribio. «En los primeros cien días de Gobierno es fundamentar esbozar unas líneas claras de por dónde va a proceder la legislatura», concluye el profesor del IESE.

Nueva vuelta a la reforma laboral

Con la sangría del paro contenida, atajar la temporalidad en el empleo se ha convertido ahora en la principal meta en materia laboral. La tasa de temporalidad es del 25%, lo que sigue obligando a buscar fórmulas que fomenten la estabilidad. El PP ha prometido elevar de dos a cuatro años la tarifa plana de 500 euros para los contratos indefinidos y ampliarla a todos los contratos temporales que se conviertan en fijos. «El 90% de los contratos que se firman en nuestro país son temporales. Ahí está el marasmo. La mejor forma de atacarlo es cambiando la legislación laboral para modificar ciertos vicios del mercado laboral de nuestro país. Hay que eliminar los incentivos al despido, para evitar que los trabajadores encadenen contratos temporales, y fomentar que las empresas den formación tecnológica a sus empleados. Es la única manera de empezar a ganar competitividad generando valor y no en costes como hemos hecho hasta ahora porque no teníamos otro remedio. Es el momento de pararnos a pensar en qué camino queremos coger como país», explica O’Kean.

Reforma del sistema de pensiones

Los pertinaces números rojos de las pensiones públicas van a forzar al próximo gobierno a abrir el Pacto de Toledo. Buscar fórmulas que aligeren de cargas al sistema se ha convertido hoy en una necesidad para la Seguridad Social, la única administración que aumentó su déficit en 2015, hasta el 1,3% del PIB, el doble de los previsto (0,6%). Los gastos son más elevados que los ingresos por varios factores: el aumento de pensionistas, por encima del 1% anual; el recambio de las nuevas pensiones que entran al sistema, casi un 40% más altas que las que salen; y la subida mínima garantizada por ley del 0,25%. Factores que han menguado la «hucha» en 40.824 millones desde 2011. La semana pasada el Gobierno sacó otros 8.700 millones.

Las reformas están sobre la mesa. Los Presupuestos de 2016 ya contemplan que el sistema debe buscar vías alternativas de financiación. El PP quiere actuar sobre los ingresos. Por ejemplo, que las pensiones de viudedad y orfandad se financien con impuestos, lo que liberaría al sistema de casi 24.000 millones. Y el PSOE, defiende crear un nuevo impuesto.

Educación para un nuevo modelo productivo

Un pacto por la educación, que vaya más allá de una legislatura y en la que estén implicadas las principales fuerzas políticas, es una de las principales tareas pendientes que los economistas señalan al próximo Ejecutivo. Los partidos políticos, por su parte, han recogido el testigo y se han comprometido a llegar a un acuerdo. Sin embargo, ya se han puesto sobre la mesa cuestiones, como la educación concertada, que han hecho encallar las negociaciones.

«El reto de la próxima legislatura es el pacto educativo sí o sí. Va a implicar un ejercicio extraordinario de responsabilidad y es evidente que tenemos diferencias considerables. Pero compartimos el objetivo de la mejora del sistema educativo», aseguró a ABC, Sandra Moneo, portavoz de Educación del PP en el Congreso.

Zanjar la reestructuración del sistema financiero

Uno de los mayores retos a los que se tuvo que enfrentar el Gobierno de Mariano Rajoy cuando asumió los mandos del país en 2012 fue el saneamiento del sistema financiero. El rescate de Bankia fue la gota que colmó el vaso en un país que no conseguía digerir los excesos de su empacho inmobiliario y que tuvo que recurrir a la ayuda de sus socios europeos para hacer limpieza en los balances de sus bancos. Cuatro años después, el cambio en el sistema financiero ha sido radical. Ni las entidades son las mismas, ni en muchos casos lo son sus gestores. Ahora bien, la tarea no está todavía terminada.

«España llegó a un compromiso con la Unión Europea a cambio del préstamo de fondos y era que Bankia se volvería a privatizar», recuerda Toribio. «Este es un aspecto clave y no puede caerse en la tentación de no cumplirlo», insiste.

El plazo de privatización se fijó por ley y no debe exceder el 31 de diciembre de 2017, aunque puede modificarse en función de la evolución de la economía española. El propio presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se ha mostrado favorable al alargamiento del plazo para la salida del Estado del capital de la entidad, aunque siempre ha garantizado que se «dejará la piel» para devolver las ayudas públicas inyectadas en la entidad.

Una suerte similar correrá BMN, la otra entidad que queda con capital público. Bruselas y el BCE ya han solicitado al Gobierno un plan más estructurado que detalle el proceso de reprivatización, que también debería haber culminado antes de que finalice el próximo ejercicio. Otra de las opciones que está sobre la mesa es la de fusionar esta entidad con Bankia.

Hacia un nuevo modelo de financiación autonómica

Una de las tareas más demandadas por algunas regiones pero que han pasado de puntillas en campaña ha sido la reforma del modelo de financiación autonómica. Una intervención delicada de vender políticamente ya que dejará a un lado comunidades que ganarán recursos mientras que otras los perderán. Los expertos critican que el actual modelo, que se reformó por última vez en 2010, está plagado de agujeros y es «arbitrario» y desigual en el reparto de recursos, como se palpa en las diferencias de financiación por habitante. El sistema se debía haber reformado en 2014, pero el Gobierno lo aplazó porque «no había recursos». De momento Hacienda ha sondeado a las regiones de régimen común para que propongan mejoras -todas coincidieron en suprimir los privilegios fiscales de País Vasco y Navarra- y ha abierto la formación de un grupo de expertos para abordar la tarea.

Atajar la eterna reforma de la administración

«Vamos a plantear una reforma de la Administración que lleva 30 años pendiente en nuestro país», anunció en su discurso de investidura en 2012 el presidente de Gobierno Mariano Rajoy. Cuatro años después, la reforma aprobada en junio de 2013 se ha ejecutado al 87%, con un ahorro que el Ejecutivo estima en 30.495 millones. Pese a ello, numerosas voces aseguran que ha sido insuficiente y que persisten duplicidades en la Administración que deben atajarse, sobre todo al tener varios niveles administrativos (estatal, autonómica, local y municipal), además de la aún pendiente ley de unidad de mercado. Lo cierto es que los ingresos públicos (38,2% del PIB) no cubren el nivel de gasto (44,5%), pese a que España está lejos de la media europea en ambos indicadores. El número de empleados públicos ha caído bajo el mandato de Rajoy -algo inédito en democracia- pero los expertos coinciden en que hay trabajo por hacer.

Plantear la ley de servicios profesionales

Es uno de los grandes reclamos de Bruselas a España y no parece que el nuevo Ejecutivo vaya a poder esquivar su aprobación mucho tiempo más. Se trata de la ley de servicios profesionales, que ya tenía un anteproyecto en marcha pero que finalmente fue prorrogado «sine die» en medio de una fuerte polémica. El último borrador reducía la colegiación obligatoria de las 80 profesiones actuales a tan sólo 38, y limitaba estrictamente las prerrogativas de los colegios en aquellas profesiones que sí estarán sometidas a colegiación obligada.

Además, la norma prohibía la exigencia de cuota de inscripción, colegiación o alta, o pago de efecto equivalente «para evitar que puedan convertirse en una barrera de entrada al mercado». El objetivo del Ejecutivo era reducir los costes de colegiación, abaratando así el acceso a los jóvenes ejercientes. El Gobierno decidió prorrogar la aprobación de la ley argumentando que la Comisión Europea está trabajando en un proceso de liberalización generalizada de los diferentes servicios profesionales y que, por tanto, no se iba a avanzar más en una legislación hasta conocer en qué consisten las modificaciones introducidas por la Comisión.

La redacción de la norma fue muy polémica y levantó ampollas en los colegios profesionales. Además de la limitación de la colegiación obligatoria, la libre elección del lugar donde darse de alta en un colegio, el texto también incluía la eliminación de las tarifas de inscripción y el límite de 240 euros para las cuotas anuales. Ahora el nuevo Gobierno tendrá la posibilidad de renegociar con los actores implicados un nuevo texto.