El Gobierno estudia fijar límites al déficit regional sin contar los intereses de deuda

El Ejecutivo ya ha comenzado a preparar una bateria de medidas que deberán seguir las regiones para asegurar el cumplimiento del déficit público a instancias de Bruselas. La Comisión Europea emitió una recomendación hace un par de semanas en la que pedía a España que desplegara nuevos mecanismos de control sobre las comunidades autónomas para embridar su déficit público, ya que la UE detecta riesgos para que España cumpla el objetivo de déficit.

Pese a estar en funciones, el Gobierno de Mariano Rajoy debe decidir por qué medidas se inclina para recogerlas en el Programa de Estabilidad que entregará a la Comisión Europea en abril. Sobre la mesa, el Ejecutivo ya tiene una serie de mecanismos que ve más eficaces para atender las peticiones de Bruselas. El Gobierno estudia fijar objetivos de déficit primarios para las comunidades autónomas, es decir, que excluyan el gasto por los intereses de deuda, según señalan fuentes del Ejecutivo.

Estos límites no serían diferenciados por regiones sino que habría un umbral único para todas como ahora.

El déficit primario recoge la capacidad de cuadrar ingresos y gastos de un gobierno al margen de la «herencia recibida». En los últimos años, las comunidades autónomas han incumplido sistemáticamente los objetivos impuestos por el Gobierno. Al excluir los intereses del cumplimiento del déficit, el nuevo indicador beneficiaría a las regiones con un pasivo público mayor ya que son las que tienen que hacer frente a una mayor carga por intereses. Estas autonomías serían Comunidad Valenciana -con un 41,3% de su PIB en deuda pública a cierre de 2015-, Castilla-La Mancha (35,5%), Cataluña (35,3%) y Baleares (30%). Por ejemplo, si en 2014 el déficit de Cataluña alcanzó el -2,8% del PIB, si se excluyeran sus intereses el desvío sería del -1,8%. Curiosamente, el anterior consejero de Economía de la Generalitat catalana, Andreu Mas-Colell, propuso esta medida al Ministerio de Hacienda hace dos años.

España dedica unos 34.000 millones de euros cada año al pago de intereses de deuda. Para observar el impacto en los presupuestos de esta partida, si España cerró 2014 con un déficit del -5,9% del PIB, al excluir el pago de los rendimientos por su pasivo, el desvío baja al -2,5%. En sus anteriores previsiones, el Ejecutivo estimaba volver al superávit primario este año, con un ligero 0,1%.

Junto a esta medida, el Gobierno en funciones también sopesa introducir otros mecanismos para aumentar la corrección fiscal de las regiones. Se trataría de elevar las condiciones para las comunidades que pidieran el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que despliega financiación del Estado a aquellas que han incumplido los objetivos de déficit, deuda o gasto. Si bien estos fondos están sujetos a controles y un mayor rigor fiscal, Bruselas quiere que se aumente la presión sobre las regiones. Desde 2012, el Ministerio de Hacienda ha repartido 85.234 millones de euros en este concepto a las autonomías, aunque éstas no han conseguido reducir su déficit al nivel esperado por el Estado.

La tercera medida consiste en endurecer el seguimiento de los planes económico-financieros de las autonomías. Las comunidades entregan antes de cada 15 de octubre estos documentos a Hacienda detallando los ajustes que pretenden acometer para cumplir con los objetivos de déficit, deuda y gasto público. El Ministerio debe validarlos posteriormente. Sin embargo, en el último año las comunidades han entregado planes que pecaban de optimistas y fueron rechazados o los han remitido fuera de tiempo, una circunstancia a la que no han contribuido los cambios de gobierno en varias regiones. De hecho, debido al factor electoral, el Ejecutivo no introdujo ya en el Programa de Estabilidad del año pasado las medidas correctivas sobre las regiones que ahora pide Bruselas.

De esta forma, en caso de entregar los planes fuera de plazo, el Gobierno estudia ahora aplicar automáticamente las acciones previstas sobre la autonomía. La propia Ley de Estabilidad describe que en ese caso Hacienda podría retener a la región créditos o liquidez e incluso podría imponer sanciones, situaciones no descartadas.

Sanciones e intervención

La Ley de Estabilidad aprobada en 2012 para asegurar el saneamiento de las cuentas públicas, prevé desde medidas preventivas del Estado sobre las regiones hasta acciones coercitivas que incluyen la intervención de la autonomía por Hacienda en caso de incumplimiento repetido. Entre este amplio catálogo de medidas, la Comisión Europea recomienda a España aplicar las correctivas, paso previo a la imposición de sanciones y la intervención.

Con estas medidas, el Gobierno pretende embridar el déficit autonómico y arrancar así a la UE un año más para cumplir el objetivo de déficit público del 2,8% del PIB previsto para este año, que en ese caso se postergaría a 2017. Si Bruselas, tras emitir una recomendación, cree que el país respectivo ha tomado las medidas necesarias para cumplir el déficit, envía una nueva sugerencia, esta vez al Consejo Europeo, para ampliar su plazo de cumplimiento fiscal. Eso sí, si la Comisión juzga que el país no ha implementado acción alguna, puede pedir más ajustes e incluso multar al estado miembro.

España se fija en Francia para conseguir su objetivo. Tras una recomendación adversa de la Comisión Europea en 2014, el país galo convenció a la UE y en marzo de 2015, el Ejecutivo comunitario aprobó ampliar dos años el plazo para bajar el déficit francés.