La Asociación de Escritores de España critica a Pen Internacional y defiende que «no hay presos por sus ideas»

«Las supuestas amenazas a la libertad de las que se habla en el artículo son completa y radicalmente falsas. No hay un solo escritor encarcelado por ejercer la libertad de expresión» afirma la entidad en un comunicado

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La Asociación de Escritores de España (ACE) ha lamentado el «falseamiento de la realidad» del Pen Internacional, que criticaba las «restricciones» a la libertad de expresión en España, añadiendo que en España «no hay escritores ni periodistas presos por sus ideas».

El Pen Internacional y el Pen Català alertaba de los desprorporcionados cargos de sedición y rebelión contra el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC y diputado de JxCat Jordi Sànchez, como ha expresado la líder de la entidad internacional, Jennifer Clement, en la lectura y defensa de un manifiesto.

Además de la firma del manifiesto por parte del Pen Internacional -con cerca de 25.000 socios en todo el mundo-, y los 180 Pen suscritos a la organización, también suscribieron a título personal el manifiesto otros autores como Suso de Toro o Erri de Luca.

El escritor Mario Vargas LLosa, sin embargo, abandonaba el Pen Club por apoyar «el golpe de Estado» en Cataluña. En una carta dirigida a Jennifer Clement, el Nobel de Literatura puntualizaba que la razón de su renuncia era «el comunicado lleno de mentiras y calumnias que acabas de difundir contra el régimen democrático de España en relación con el intento de golpe de Estado de los independentistas catalanes del 6 y 7 de septiembre y del 1 de octubre de 2017».

La Asociación de Escritores de España también reaccionaba con un comunicado al texto emitido por Pen que reproducimos a continuación.

«España es una democracia consolidada. España es una democracia europea perfectamente consolidada, respetada en la Unión Europea y miembro del Consejo de Europa, en la que la libertad de expresión está protegida por los tribunales de justicia y los excesos gubernamentales, cuando se producen, tal y como ocurre en cualquier otro país, son corregidos.

Pen Internacional refleja un profundo desconocimiento de la realidad española. Por esa razón, estamos en radical desacuerdo con el artículo aludido, cuyo contenido revela o bien un gran desconocimiento de la situación en toda España o bien la decidida voluntad de alineamiento con las posiciones de quienes, en el último año, han vulnerado reiteradamente la Constitución, levantando un argumentario construido sobre falsedades y sobre una visión interesada y errática de la realidad.

En España no hay escritores ni periodistas presos por sus ideas. De igual modo consideramos muy desafortunada la intervención pública de los dos directivos aludidos del Pen Internacional en Barcelona en relación con la petición de la «retirada de cargos» y la libertad para Cuixart y Sánchez. Siendo conscientes de la difícil situación personal que atraviesan, nos parece inadmisible compararla con las de escritores y periodistas presos en otros lugares del mundo y la exigencia de la retirada de unos cargos que no proceden de ningún poder ejecutivo, sino de los tribunales españoles, que, como en cualquier otro país de la Unión Europea, actúan con plena independencia.

El Gobierno catalán representa en ese territorio la Constitución española. El conflicto surgido en Cataluña, en contra de lo que el artículo parece indicar, no es un conflicto entre una sociedad que desea votar y un Gobierno central que se lo impide, sino entre un Gobierno autónomo que ha violado las leyes que juró cumplir, un Gobierno central que se ha visto obligado a hacerlas respetar y unos tribunales que tienen como función garantizar el cumplimiento de la legalidad democrática.

El referéndum fue ilegal. El así llamado referéndum del 1 de octubre de 2017 fue convocado ilegalmente por una institución que jurídicamente no tiene capacidad para convocar referendos, y fue expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional y por todas las instancias judiciales españolas y catalanas, comenzando por los Letrados del propio Parlamento de Cataluña, instancias que son garantes del cumplimiento de una Constitución que obliga a todos los ciudadanos y que garantiza la libertad de expresión, en español o castellano, en catalán y en cualquiera de las lenguas oficiales, de todos los escritores residentes en España.

A los políticos presos no se les ha privado de su libertad de expresión. Están acusados de graves quiebras de la legalidad democrática y por esa causa están en prisión, desde donde siguen manifestándose libremente, celebran entrevistas, se pronuncian ante los medios de comunicación y no ven en absoluto mermada su libertad de expresión, tal y como prueba una entrevista a uno de ellos publicada esta misma semana en el diario El PAÍS, el periódico de mayor circulación del Estado. De la justeza o no de los cargos habrán de opinar las distintas instancias judiciales, incluyendo los tribunales europeos, a los que podrán recurrir con plenas garantías.

En Cataluña no hay una amenaza a la libertad de expresión. Dos millones de ciudadanos de Cataluña han votado opciones independentistas, se expresan diariamente con plena libertad, la televisión y la radio públicas catalanas muestran durante las 24 horas del día la posición de periodistas, escritores, comentaristas y tertulianos favorables al independentismo sin que se haya producido una mínima sanción por tal causa. La libertad de expresión es una norma diaria y habitual en España y en Cataluña y en nada se diferencia de su desarrollo en cualquiera de los países de la Unión Europea. Las supuestas amenazas a la libertad de las que se habla en el artículo y a las que Clement y Torner se han referido en la rueda de prensa de ayer son completa y radicalmente falsas. No hay un solo escritor encarcelado por ejercer la libertad de expresión.

Las leyes pueden modificarse democráticamente. Los autores del artículo mezclan el conflicto catalán con los problemas derivados de la llamada «ley mordaza», ley con la que ACE ha estado en desacuerdo, pero una vez más pecan de falta de información: es una norma en proceso de revisión en el Parlamento, una Ley que aplican, en todo caso, los tribunales y que no se diferencia de otras muchas leyes y normas de la Unión Europea (que también criticamos). En todo caso, los tribunales la interpretan y aplican en uso de su independencia y atribuciones.

El Pen Internacional no se ha preocupado por conocer la realidad de los escritores en España. Llama la atención el nulo interés del Peb Internacional por contrastar las opiniones, claramente alineadas con la posición anticonstitucional, que le ha trasladado el Pen Catalá, con las de otras organizaciones autorales de España y de Cataluña, comenzando por ACE, una asociación que nació en plena dictadura franquista y contra Franco, hace más de 40 años, una entidad con raíces profundamente democráticas, completamente independiente y plural, en la que conviven casi dos mil escritores que se expresan en las distintas lenguas de España y que tiene entre sus principios la defensa de los derechos de los escritores ante y frente a cualquier Gobierno, la defensa de la libertad de expresión (está en nuestro ADN) y la cooperación con las asociaciones autorales que funcionan en Cataluña.

La necesidad de un Pen España es ineludible. Ese desinterés por contrastar opiniones es aún más grave si tenemos en cuenta que desde el otoño de 2016 ACE ha mostrado su voluntad de ayudar a promover la creación de un Pen España, algo que sólo ha impedido la existencia de disfunciones que han empezado a resolverse recientemente.

La Asociación Colegial de Escritores no puede guardar silencio ante las situaciones aludidas. Es nuestro deber salir en defensa de la verdad, que en este caso ha sido agraviada. Esperamos que el Pen Club internacional, con el que mantenemos y queremos mantener la mejor relación posible, intervenga, como siempre lo ha hecho, y en defensa de la verdad y de la información objetiva y contrastada, rectifique sus afirmaciones recientes y evite el error de asumir posiciones partidistas que quiebran el principio de objetividad.