INDUSTRIA
Torrot asegura que devolverá el dinero público que recibió para el Velocípedo gaditano
Industria les reclama los 8,5 millones de euros en ayudas que percibieron con cargo al Plan Reindus de 2017 para desarrollar el proyecto industrial en Zona Franca
Los antiguos gestores de la empresa invirtieron parte de la ayuda pública en el sponsor del Cádiz CF, en la oficina de ventas, en el prototipo de la moto y en la nave
La decisión de los nuevos gestores de Torrot de dar carpetazo a su inversión en Cádiz, al margen del varapalo social que supone la medida, tiene un trasfondo económico de calado en materia de ayudas públicas . La compañía, que ahora pilota el fondo de inversión de capital-riesgo Black Toro Capital , tiene que responder ante el Ministerio de Industria por los 8,5 millones de euros que recibió con cargo al Plan Reindus de 2017 para montar su planta en Cádiz y desarrollar así el proyecto industrial para la fabricación del Velocípedo, una moto eléctrica de altas prestaciones.
La VOZ adelantó el pasado enero que Torrot pidió en junio de 2019 un aplazamiento del pago de esta línea especial de crédito . La Inspección de Industria aceptó entonces la moratoria, pero puso una serie de condiciones. Los gestores ministeriales fijaron febrero de 2020 como fecha tope para justificar la inversión y mayo del mismo año, como fecha para arrancar el proyecto industrial. Este periódico ha podido confirmar que Industria tiene abierto el expediente de Torrot a la espera de que sus nuevos gestores muevan ficha y comuniquen la nueva situación. Fuentes de la compañía han asegurado que el dinero se devolverá.
La decisión que ha tomado el nuevo CEO de Torrot, Enrique Sanz , y el director general de la compañía, José Antonio Lombardía , antiguo ejecutivo de la cadena Dia, de cancelar la inversión prevista en Cádiz obliga a devolver la totalidad de la ayuda pública percibida, ya que la inversión no se ejecutará finalmente en los terrenos de Altadis, de la Zona Franca, donde se había proyectado. Los antiguos responsables de Torrot, Iván y Rafael Contreras , este último, ejecutivo de Airtificial, antigua Carbures, fueron los valedores de la inversión en Cádiz hasta que en septiembre del año pasado el 60% de la empresa fue comprado por la austriaca KTM y el 40% restante quedó en manos del fondo de inversión Black Toro. Los austriacos se hicieron cargo de la división de motos de trial de Torrot, la empresa Gas-Gas, mientras que Black Toro reestructuraron la división de motos eléctricas de la compañía, cesando al que había sido su CEO, Iván Contreras. Obviemante, la empresa austriaca se desvinculó por completo del proyecto gaditano, mientras que Black Toro anunció su intención de buscar un socio inversor para seguir adelante con la inversión en Cádiz. No ha sido así y han optado finalmente por dar carpetazo a este asunto.
¿Dónde está el dinero?
Buena parte del dinero público que recibió Torrot en 2017 se fue, por un lado, en la firma del contrato con el Cádiz CF como sponsor de sus camisteas. Este acuerdo se firmó por tres años y expira, precisamente, esta temporada. También se destinó al alquiler y desarrollo de la obra de la nave industrial de Zona Franca , en el complejo de Altadis, donde se había proyectado la puesta en marcha de la cadena de producción del Velocípedo. Además abrieron una oficina de ventas en la Zona Franca , que ahora ha sido desmatelada. Hasta cuatro millones de euros ha invertido Torrot en la gestación y desarrollo del Velocípedo gaditano, del que existen varios prototipos y sigue su venta a través de la web de la empresa, a pesar de que no hay fecha para su fabricación.
Los nuevos gestores de la compañía seguirán con las motos eléctricas en su planta de Salt (Gerona) y con subvenciones de la Generalita
Torrot ha modificado su planes industriales y cambia Cádiz por su planta de Salt, en Gerona. Fuentes de la compañía ya adelantaron a LA VOZ que era inviable invertir 16 millones de euros en la Bahía de Cádiz cuando la factoría de Salt tiene una cadena de producción preparada para la fabricación de motos eléctricas, además, la empresa arrastra una deuda de 22 millones de euros. El nuevo escenario ha sido posible también gracias a las subvenciones públ icas que han obtenido los nuevos gestores de la empresa de la Generalitat , que ha amarrado el proyecto en Cataluña a golpe de talonario.
La dirección de la Zona Franca de Cádiz ha confirmado que días atrás, la empresa accionaria de Torrot manifestó su voluntad de rescindir el contrato de alquiler de las naves que tiene arrendadas en el recinto interior por no seguir con la iniciativa prevista en Cádiz, a raíz de lo cual, los servicios jurídicos de la institución actuaron de manera que no penalizara la decisión de Torrot a la Zona Franca. La operación se ha conseguido cerrar con la recuperación inmediata de las instalaciones renovadas, de manera que se pueden poner a disposición de otras empresas, y la ejecución de las garantías, con lo que se consigue un equilibrio económico sin merma para la institución. La Delegada Especial del Estado para la Zona Franca, Victoria Rodríguez , no puede más que lamentar la noticia de la rescisión del alquiler de las naves y, por ende, de la anulación del proyecto, por la ilusión que había generado en una ciudad que necesita este tipo de iniciativas para revitalizar el tejido industrial y generar empleo para la ciudadanía.
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