Un millar de funcionarios se manifestaron el jueves en El Puerto.
Un millar de funcionarios se manifestaron el jueves en El Puerto. - A. VÁZQUEZ
PROVINCIA

Las prisiones de Cádiz arden

La falta de medios y personal en las cuatro cárceles gaditanas ponen al límite a los funcionarios que hablan de «caos» y de «falta de seguridad extrema»

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Cientos de funcionarios de prisiones salían este jueves a la calle en una manifestación que finalmente fue tranquila, sin incidentes, pero también multitudinaria. La convocatoria surtió su efecto y aunque la concentración estaba organizada por algunos sindicatos, acudieron todos. El grito es unánime. Más medios, más personal, plantillas renovadas de acuerdo a los cupos de internos reales, seguridad, equiparación salarial; en definitiva, reclamaciones que llevan años sobre la mesa y que lamentan que no han sido atendidas.

Esta demanda se repite en todas aquellas provincias donde hay centros penitenciarios. De ahí el calendario de movilizaciones que han organizado por toda España para intentar que Interior les escuche. «Nos sentimos los grandes olvidados».

La provincia de Cádiz tiene una de las mayores poblaciones reclusas del país ya que cuenta con cuatro importantes prisiones:Puerto I, Puerto II, Puerto III y Botafuegos, además de dos CIS. Por tanto, aquí la preocupación de los funcionarios se multiplica al igual que los riesgos y las exigencias que asumen a diario.

Una de las principales demandas que reclaman es la necesidad de que el Gobierno palie el «grave déficit de personal» que aseguran sufrir. Dicen que las plantillas están anticuadas y que los ratios actuales no se corresponden con la población de internos que hay en unas prisiones que, advierten, están «saturadas». Por ejemplo, en el caso de Puerto III. Este centro se inauguró en 2007 y fue diseñado para 1.100 internos, sin embargo, ahora mismo hay 1.400 presos en sus calabozos.

Más o menos la misma cantidad de reclusos que hay en Botafuegos. Aquí la necesidad también es «urgente». Entre otros carencias, desde hace años denuncian que no hay médicos ni personal suficiente que pueda cubrir la asistencia sanitaria constante que necesitan los internos aquejados frecuentemente de dolencias físicas y psíquicas que tienen prescritos multitud de tratamientos que no pueden esperar de un día para otro. «Es una sobrecarga de trabajo insoportable para los facultativos que a menudo se ven obligados a enlazar turnos y guardias de noche para poder atenderlos».

Sensación de inseguridad

Esta falta de personal, alertan, agrava la sensación de inseguridad que padecen. El número de agresiones a funcionarios en las cárceles gaditanas está dentro de la media nacional, sin embargo, advierten que la conflictividad de presos ingresados en primer grado en Puerto I o los destinados a Puerto III es preocupante y cada vez se dan más casos de episodios violentos que «no llegan a más gracias a la profesionalidad de los trabajadores».

«Las agresiones no llegan a más gracias a la profesionalidad de los funcionarios»

«Existe masificación aunque nos quieran hacer ver que no», denuncia uno de estos funcionarios. «Se supone que a cada uno nos correspondería tres presos y eso no se da». Según asegura, el catálogo que asigna estas plazas a nivel estatal se ha quedado «estancado porque no suben el número de funcionarios en función de los nuevos internos que entran». Las situaciones que viven en los patios, traslados o cualquier tarea diaria les hacen temer por su integridad física, pero también les coarta el hecho de no cumplir con el exigente protocolo y ser expedientados por cualquier incidente en el que se vean envueltos. Y cuanto más reclusos y menos personal, crece ese riesgo.

Por ello piden además de una «plantilla real», medios que les ayuden a poder tener un mayor control. Escudos y chalecos adecuados y funcionales, aerosoles o pistolas taser. «La chispa con muchos de los internos que no parecen peligrosos pero que sufren de problemas mentales (se eliminaron los manicomios)puede saltar en cualquier momento. Tenemos que estar siempre en alerta y preparados. Tanto para impedir que el altercado vaya a más con otros internos como para nuestra propia seguridad».

Pero además de estas carencias, los funcionarios de prisiones también piden una mejora de sus nóminas, «estancadas desde hace diez años», así como una equiparación salarial entre todos los profesionales de España. En este sentido hay discrepancias entre los que creen que sí debe de haber un reparto igualitario de sueldos y los que consideran que ese salario se debe adecuar a la conflictividad y carga de trabajo que tenga cada prisión.

Y hay más. Los funcionarios tienen otro caballo de batalla en cuanto a una mayor facilidad y transparencia en la asignación de los destinos y a la convocatoria de nuevas plazas. Según denuncian, las plantillas están envejeciendo y además advierten que se han perdido cerca de tres mil puestos de trabajo, entre 400 y 500 puestos cada año entre bajas, jubilaciones, fallecimientos... que aseguran que no se están reponiendo.